El borrador de propuesta de reforma del reglamento del Parlamento de Andalucía recoge multas de hasta 60.000 euros a aquellos comparecientes que no declaren o contesten a las preguntas que se le formulen de “modo completo y adecuado” en una comisión de investigación. El objetivo es que “no se repitan negativas y plantes” de personas como ha sucedido durante la comisión de investigación creada en el Parlamento en torno a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). El caso más polémico fue del expresidente de la Junta Manuel Chaves cuando se negó a declarar semanas antes de la sentencia de los ERE y un día previo a las elecciones generales de 2019.
Según la presidenta de la Cámara autonómica, Marta Bosquet, “se intenta regular” y es un “modo de obligar” a que las comisiones de investigación “tengan sentido”.
La cifra de 60.000 euros “ha pasado por los Servicios Jurídicos” del Parlamento. Aún así, Bosquet ha defendido que a un compareciente en comisión “le ampara el derecho que tiene de no declarar contra si mismo”, por lo que ha reiterado que la sanción será “salvo causa legal, que tenga una causa que le ampare, en ese caso si estará justificado su derecho a no declarar”.
Este borrador ya se encuentra en manos de las fuerzas políticas y requiere del consenso de los partidos para que salga adelante. Por ahora, el portavoz del PP en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha reconocido que no sabe en qué “derecho sustantivo” se basa esta propuesta y ha dudado de que el Parlamento tenga autoridad para aplicar multas.
Más reformas
La propuesta de reforma, abierta la aportación de los grupos parlamentarios plantea la modificación de 105 de los 190 artículos que contiene y agrega otros 14 nuevos, lo que implica una “actualización” del “obsoleto” reglamento, según Bosquet.
Entre las novedades, el borrador incluye la intención de que la Mesa del Parlamento se reúna en todas las provincias, incluso fuera de Andalucía. También pretende que cualquier fuerza parlamentaria tenga un hueco en la Mesa y prevé la creación del Grupo Mixto, conformado por parlamentarios que no hayan alcanzado el mínimo de 5 parlamentarios.
La propuesta de reforma del reglamento entraña una reducción de tiempos de intervención de los debates y la “detracción” de retribuciones de los parlamentarios que no hagan ejercicio de su responsabilidad.
