Así lo establece un auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva, al que ha tenido acceso Europa Press, y que obliga a la subrogación de 18 trabajadores y a llegar a un acuerdo entre ambas partes, una negociación para la que el juez incluso pone fecha límite en el 1 de junio.
Bajo estos condicionantes, el juez admite el levantamiento de las medidas cautelares que dictó el 16 de diciembre, y que paralizaban la adjudicación a Aqualia del servicio de aguas en Lepe. Así, en el auto se tiene en cuenta el cambio de escenario, al entrar la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva en un proceso de liquidación de seis meses que se inició el pasado 1 de enero.
Ante las discrepancias existentes entre ambas partes, el auto opta por aportar una solución “justa y equitativa” que resuelva las aspiraciones de ambos. En este sentido, se acuerda levantar las medidas cautelares “previo cumplimiento de distintas medidas”.
Entre estas medidas, se establece una relación de 18 trabajadores que pasarán a prestar estos servicios con la nueva adjudicataria. Del mismo modo, y ante las dificultades técnicas de disgregar de Islantilla la parte correspondiente a Lepe, el auto señala que será Giahsa la que preste los servicios en esta urbanización hasta que el Ayuntamiento lleve a cabo y costee la solución técnica para separar ambos sistemas.
Con respecto a la liquidación de la antigua Mancomunidad, el juzgado da de plazo hasta el 1 de junio de este año “para traer un acuerdo entre ambas partes”.
