Esta ley, que desarrolla un derecho incorporado al nuevo Estatuto de Autonomía andaluz, fue aprobada por el Ejecutivo autonómico el pasado 26 de mayo y permite que los ciudadanos que reúnan determinadas condiciones, reclamen vía contencioso-administrativa su derecho a una vivienda, si las administraciones no impulsan en un plazo de dos años los instrumentos normativos y las reservas de suelo necesarias para cubrir la demanda de inmuebles de un municipio.
Para ello, la nueva norma obliga a los ayuntamientos andaluces a crear un Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, que facilitará el acceso a una vivienda, en propiedad o en alquiler, a las familias que ingresen menos de 36.000 euros brutos anuales, residentes desde al menos tres años antes en la localidad y que no sean titulares ni tengan derechos de disfrute sobre un inmueble ya existente.
Unos 700 municipios andaluces que cubren más del 90% de la población ya han creado sus registros de demandantes de vivienda protegida.
La diputada popular Alicia Martínez censuró que la ley aprobada haya ido "rebajando las expectativas creadas y no tiene nada que ver con los avances sociales recogidos en el Estatuto de Autonomía, que el PP apoyó".
En su opinión, la Junta deja en los ayuntamientos "competencias que le son propias y exclusivas", como la promoción pública de vivienda y "no garantiza" efectivamente la anunciada reivindicación judicial de una vivienda.
"La Junta invita, pero los ayuntamientos pagan; sólo se garantiza algo subjetivo y nada tangible", apostilló.
Martínez acusó a la Junta de ser la responsable "de la mayor burbuja inmobiliaria de España", con unas 150.000 viviendas sin vender".
El diputado de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, explicó que su grupo no ha respaldado esta ley porque, en su opinión, refleja que el PSOE "piensa que desde el mercado se defiende el derecho a la vivienda", mientras que la coalición de izquierdas aboga por la actuación pública "y más en estos momentos de crisis".
"No creemos en el mercado, porque ha demostrado su inutilidad en los últimos años y ha acumulado la mayor corrupción conocida, sobre todo en el suelo, que en esta ley no se toca", apuntó.
José Caballos, del PSOE, destacó el "esfuerzo" de su grupo para aceptar un docena de enmiendas de IU y dijo que no entiende su rechazo a esta ley.
"Hemos querido que IU estuviera en esta foto, porque estamos ante una ley que es pionera en España, la más avanzada y progresista y la única que garantiza la protección jurisdiccional al derecho a la vivienda", aseveró.
Respecto al PP, ironizó al asegurar que el PSOE ha aprobado una ley "que garantiza el derecho a la vivienda", pero no una ley "de vivienda de derechas" y acusó al presidente del PP-A, Javier Arenas, de "secuestrar" a los alcaldes populares para que no apoyen este texto y hagan oposición a la Junta de Andalucía .
"El PP se ha quedado fuera de un derecho histórico para Andalucía; son coherentes porque lo mismo hicieron cuando no apoyaron las leyes que extendieron la educación, la salud y las pensiones no contributivas a toda la población de Andalucía", concluyó.
El consejero andaluz de Vivienda, Juan Espadas, mostró su satisfacción tras la aprobación de esta ley y enfatizó que "hoy en un día histórico para Andalucía" porque es la primera comunidad autónoma que garantiza efectivamente el derecho constitucional a la vivienda.
El diputado del PP Jorge Ramos protestó porque esta intervención se ha producido después de la aprobación de la ley y no antes, como es preceptivo, queja que la presidenta del Parlamento andaluz, Fuensanta Coves, aceptó.
