No ocurrirá lo mismo con el arquitecto de la Guardia Civil y Jefe de la Sección Técnica de Andalucía, Salvador Salmerón, que será procesado por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, y con el promotor de la obra Manuel Cosano, que si bien, y al igual que los concejales, queda absuelto del delito contra la ordenación del territorio, permanece imputado por un delito de aprovechamiento de información privilegiada.
Con esta decisión, la Audiencia Provincial se pronuncia en contra del auto judicial hecho público el pasado mes de noviembre por la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Puente Genil que había apreciado indicios de delito en la actuación de los políticos, decidiendo la apertura de un proceso penal contra los mismos.
Entre los motivos por los que se dicta el archivo de las actuaciones, la Audiencia considera que pese a haberse otorgado la licencia para construir el nuevo cuartel en una parcela calificada como rústica, en el anterior auto no se había contemplado que en 2007 la propia Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía dio el visto bueno la modificación de la calificación urbanística de los terrenos sobre los que había comenzado a construirse el edificio. A consecuencia de esa modificación del PGOU, los terrenos del nuevo cuartel ubicado en el polígono de Las Flores pasaron de suelo no urbanizable a sistema general adscrito a suelo urbanizable para la construcción del nuevo acuartelamiento, mientras que los terrenos de la calle Miguel Romero, donde actualmente se sitúa el actual cuartel, cambiaron su calificación pasando de ser sistema general a uso residencial. Es por este motivo, por lo que el escrito especifica que en caso de que se tuvieran que depurar responsabilidades , estas irían “por la vía correspondiente, pero nunca por la vía penal”.
