si algo debería haber claro en un Estado de Derecho es que el órgano más intocable debería ser el Tribunal Constitucional, porque es el garante final de que la Carta Magna no esté a disposición de los partidos políticos que gobiernan, sino por encima de ellos y de sus intereses. Sin embargo, en este país, desde hace demasiado tiempo, la política quiso pervertir esta institución y, con la conveniencia de los propios magistrados, apostó por elegir a sus miembros en base a su adscripción ideológica y no sólo a los méritos profesionales. Y de aquel inmenso error parten ahora sus problemas actuales, ya que la falta de consenso entre el PSOE y el PP ha impedido que desde hace casi 30 meses se haya podido renovar a sus miembros dejando al propio órgano judicial ‘tocado’, ya que su composición es absolutamente legal, pero en muchos sentidos ilegítima y cuando se ha abierto un problema como el del Estatuto catalán lo que era una situación aceptada por todos se convierte ahora en un problema de Estado. Un problema de una complicada y difícil solución, ya que, por un lado, el propio Tribunal se ha mostrado absolutamente incapaz de sacar adelante una sentencia sobre dicho Estatuto en los últimos años, lo que revela su propia debilidad, máxime cuando mientras tanto ese estatuto se ha ido desarrollando sin dar ningún problema ni fracturar España, mientras que, por el otro, lo que no se puede aceptar es que una ley de menor orden, como es un Estatuto, pueda modificar la esencia de la propia Constitución por los intereses de determinados partidos políticos. Por eso, en esta guerra contra el Tribunal todo el mundo tiene demasiadas armas a su favor lo que está provocando más un desgaste de todas las partes que la posible victoria de una de ellas, por lo que todo hace indicar que alguien deberá ceder para no acabar fracturando al propio Estado, ya que lo está en juego --más en las formas que no en el fondo-- es todo el proceso autonómico nacional. Y en esta tesitura, quizás los magistrados que deberían ser renovados tendrían que dimitir para forzar esta necesaria renovación. La duda es saber, si se diera ese cambio, qué pasaría si el nuevo Constitucional votase en contra del estatuto, ¿habría que volver a cambiarlo o lo aceptarían los partidos?
