Las productividades que se hicieron efectivas en la delegación de Urbanismo como consecuencia de los trabajos de adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Estepòna a la LOUA continúan dando que hablar. A las denuncias de los sindicatos CSI-CSIF y ATAE se unen ahora la que se presentará el próximo lunes en sede judicial por el concejal no adscrito, Manuel Reina, contra el alcalde de Estepona, David Valadez, la concejal de personal, Cristina Rodríguez y el gerente de Empladus, Diego de Lucas Villarrubia.
En el escrito de denuncia, Reina señala que el pasado 19 de Febrero de 2009 por Decreto de alcaldía se facultó a Diego de Lucas para la dirección de los trabajos de tramitación de la adaptación del actual PGOU a las determinaciones de la LOUA. Algo más de un año después, el 5 de Marzo de 2010, se aprobó el llamado “Programa de evaluación del desarrollo del plan de adecuación del PGOU de Estepona”, instrumento mediante el que se establecieron una serie de objetivos, con unos plazos máximos de ejecución y con un presupuesto a repartir entre los empleados que participaran y contribuyeran a su cumplimiento.
En el apartado tercero de la denuncia se indica que el 29 de Enero de 2010, Diego de Lucas, como responsable de director de los trabajos, emitió un informe en el que “una vez cumplido el objetivo nº1 del programa”, recordemos, aprobado por el alcalde mediante decreto de 5 de Marzo, propone el reparto de 46.052,82 euros.
El denunciante pone de manifiesto en su escrito que “llama poderosísimamente la atención el hecho de que el informe indicado se redacta con más de un mes de anterioridad a la aprobación y establecimiento del Programa de Evaluación aprobado el 5 de Marzo. Pero no es menos sorprendente que los trabajos a realizar para el cumplimiento de dicho objetivo nº 1 de acuerdo con dicho programa, esto es, la redacción del plan con los informes técnicos jurídicos, tienen fecha de 23 y 24 de Marzo de 2010 respectivamente.
Finaliza el denunciante con un breve resumen en el que señala que el director del Plan de Evaluación, Diego de Lucas, emite con fecha 29 de Enero de 2010 un informe sobre el cumplimiento del primer objetivo establecido por el alcalde en su decreto de fecha 5 de Marzo del mismo año, habiéndose realizado, además, los informes que garantizaban el cumplimiento de dicho objetivo casi dos meses después del informe de Diego de Lucas. Reina continúa con la propuesta de pago firmada por la concejal de personal, Cristina Rodríguez Alarcón, en la que a la vista de los antecedentes antes señalados propone al alcade emita elcorrespondiente decreto de asignación individual de complementos de productividad. En dicha propuesta la concejal incluye a su hombre de confianza, beneficiario habitual de estas productividades, José Pedro Fernández Gago, quien, curiosamente, no aparece citado en el informe emitido por Diego de Lucas, algo que tiene toda la lógica ya que es la persona de confianza de Cristina Rodríguez, sin ningún tipo de competencia en la delegación de Urbanismo. Es decir, que la concejal de Personal solicita el pago de productividades “visto el informe del responsable”a personas que no aparecen en el mismo.
La denuncia también recoge los distintos escritos presentados por los sindicatos CSI-CSIF y ATAE en relación con este asunto en los que solicitaban la comprobación de lo denunciado por si los hechos fueran constitutivos de “delito”, ya que supuestamente podría tratarse de un “montaje” destinado al reparto de productividades.
Reina solicitó reiteradamente en sesión plenaria la aclaración de los hechos denunciados en los apartados de ruegos y preguntas sin que hasta la fecha haya recibido respuesta alguna. En la denuncia han sido citados como testigos de la acusación los sindicatos antes citados, así como varios trabajadores de la delegación de Urbanismo, algunos de los cuales renunciaron a la percepción de las cantidades repartidas por no estar de acuerdo con el sistema.