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Andalucía

Griñán insiste en que hay datos económicos alentadores

El presidente acusa a IU de aprovechar con fines electorales la convocatoria de huelga general

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  • Los trabajadores de la Agencia del Agua, en plena protesta. -
  • Arenas critica que gobierne con el discurso de la mentira y ocultando la realidad
  • Valderas le pide que rectifique su seguidismo al Gobierno y a los mercados
La crisis, la huelga y la situación del funcionariado dominaron ayer el discurso político de la sesión de control al Gobierno andaluz, protestas de los trabajadores de la futura Agencia del Agua incluidas, en la que el presidente de la Junta volvió a insistir en que existen datos económicos “alentadores” que invitan a la confianza pero no al optimismo, ante las críticas que recibió de Javier Arenas y Diego Valderas.

Griñán se acogía ayer a los datos de la inversión empresarial privada del último trimestre, que ha crecido un 2% frente al descenso en España, y al incremento de las exportaciones andaluzas, un 26%, para asegurar que existen “datos alentadores” que invitan “no al optimismo, sino a la confianza” para defender que “vamos mejor de los que previmos”.


El presidente insistió en que de la crisis “vamos a salir con el esfuerzo de la economía privada” frente a las críticas del líder del PP-A, Javier Arenas, ante el descenso de inversiones públicas y la falta de ejecución de los nuevos planes vinculados a la economía sostenible, y le invitó la conocer “los sucesivos recortes en las inauguraciones de centros de salud y hospitales” que tiene previsto la Junta.

Criticó que el líder popular usara “datos diseminados que son falsos”, advirtiendo que no le acusaba de mentiroso sino de “pereza intelectual al no mirar los datos”, afirmando que “expresa sentimientos y sobre todo deseos” en un discurso que tachó de “reiterativo”.

Ni el polígrafo

Frente a esta postura, Arenas criticó que el presidente andaluz gobierne “con el discurso de la mentira”, enumerando todos los recortes que recogía el plan de reequilibrio presentado ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera que, recordó, no negoció con sindicatos y empresarios “porque el documento se lo di yo”.

“Ocultan la realidad y niegan la evidencia, no resistirían ni el polígrafo”, le decía Arenas, apuntándole que “con mentiras nunca va a llegar la confianza.

Además, criticó que considere la política como macroeconomía cuando “son las personas” y aseguró que él “jamás, jamás, jamás, jamás” diría que Andalucía está mejor que nadie con los niveles de paro que tiene la Comunidad.

“Consume como rosquillas los modelos productivos, con la retórica completamente hueca de la economía sostenible”, mientras es capaz de decir que una reprogramación de cerca de 900 millones de euros no afecta al empleo”.

Las críticas de Arenas habían venido precedidas de la petición expresa del coordinador de IU, Diego Valderas, a Griñán para que rectificara las “políticas sumisas al Gobierno, al mercado y al neoliberalismo” mientras “crece el cabreo ciudadano, la desconfianza de los trabajadores y de los funcionarios”.

Reivindicó una salida solidaria y social a la crisis, como la reclamada por los sindicatos y le advirtió que las políticas de Rodríguez Zapatero son un “lastre que están arrastrando a Andalucía al hundimiento”.

“Usted sólo tiene una oportunidad de ser presidente de la Junta, no tire por la borda el caudal de la izquierda”, le pedía.

Lejos de entrar en la dialéctica ideológica, Griñán tiró de Cayo Lara (coordinador general de IU) para recordar que ya pidió hace dos años una huelga general y ahora “ustedes utilizan la huelga para mejorar sus expectativas con fines electoralistas”.

El presidente diferenció los motivos de los sindicatos para convocar la huelga general, que se cuidó de no criticar, y que se hace contra las políticas del Gobierno central, con el diálogo y la concertación que se desarrollan en Andalucía, “diálogo permanente, en momentos de acuerdo y de desacuerdo”, defendiendo la autonomía de ambas partes para tomar decisiones.

Mínima autocrítica

Valderas le advirtió que si las políticas las hubiera desarrollado el PP “usted estaría en esta bancada y con los sindicatos” y le criticó que no sea capaz de hacer un mínimo de autocrítica cuando está abordando recortes y ajustes muy duros, frente a los que pidió el cumplimiento del Estatuto.

Griñán no cambió su discurso y volvió a insistirle en que estaba haciendo una “HGP”, una huelga general política, mientras los sindicatos defienden sus propios intereses y el Gobierno, los generales.

Justo en el momento en el que Griñán finalizó, la decena de trabajadores de la futura Agencia del Agua que estaban en la tribuna de invitados se levantó al unísono mostrando camisetas de protesta por lo que entienden será una privatización de la política de aguas, coreando consignas como “el agua es de todos” y cánticos a la privatización, siendo desalojados en pocos minutos por los servicios de la Cámara.

Aún así, el más descolgado seguía gritando: “Devuélvenos al Ministerio que es donde aprobamos las oposiciones”, en referencia al traspaso de las competencias del Guadalquivir.

Tras ellos, Javier Arenas (más lento, por su rotura fibrilar en la pierna) y Diego Valderas se reunían con el millar de funcionarios que a las puertas del Parlamento protestaban por la reorganización del sector empresarial de la Junta, y más en concreto, contra la futura Agencia del Agua.

Trillo garantiza sus derechos a los trabajadores afectados

El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, aseguró ayer que la remodelación del sector público salvaguardará los derechos de los trabajadores de la Agencia Pública del Agua, que “no se privatizará”, mientras que el PP e IU denunciaron la alarma de los trabajadores por su situación laboral.

En respuesta a sendas preguntas del PP y de IU por la situación de los trabajadores de la Agencia Pública del Agua, el consejero defendió el traspaso de la Agencia del Agua a una entidad pública empresarial, junto con la empresa Egmasa, a partir de enero de 2011.

Garantizó que esta reordenación no es lesiva para los derechos de los más de 4.000 trabajadores de la Agencia Pública del Agua y negó que el objetivo de la Junta, con dicha integración, sea la politización.

Aseguró que se ha sido “escrupuloso” en mantener las garantías laborales para dichos trabajadores y negó que se ponga en riesgo la estabilidad de los que tienen consolidados sus empleos y sus derechos.

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