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Lunes 29/04/2024  

Juicio rápido por la agresión al asesor de la alcaldesa

El Ayuntamiento amaneció ayer con una pareja de agentes del 092 para evitar altercados

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El capítulo de agresión que se vivió a las puertas del Ayuntamiento cuando el asesor de la alcaldesa fue golpeado presuntamente por un desempleado el pasado lunes a primera hora no ha pillado a casi nadie por sorpresa, ya que muchos piensan que esta situación “se veía venir” y tenía que explotar por algún lado, después de que diariamente y a cualquier hora un grupo de personas increpe a todo el que pasa, sin distinguir políticos y trabajadores municipales o de la calle. Una situación contra la que el Ayuntamiento tomó ayer mismo cartas en el asunto colocando una patrulla del 092 en los accesos al Palacio Municipal, como así ocurre desde hace mucho en distintas administraciones locales de la zona.

Paralelamente, el supuesto agresor, que pasó la noche en los calabozos, se enfrentó a un juicio rápido por lo ocurrido, después de que el jefe del Gabinete de Alcaldía y secretario de organización del PSOE local recibiera tres puntos de sutura en una mano tras acercarse a esta persona a pedirle respeto cuando empezó a proferir insultos contra su padre.

Por su parte, en un comunicado, la junta directiva del Colectivo de Desempleados Mayores de 40 años (Codema40), condenó ayer los hechos ocurridos y dejó claro que el desempleado implicado en el suceso no pertenece ni ha pertenecido nunca al colectivo. No obstante, desde el foro de parados también advirtieron que la situación de muchos desempleados es “desesperante” y genera “problemas de ansiedad y estrés que hacen que en algún momento se pierda el control”, si bien tienen claro que ello no justifica que “a nadie se le insulte personalmente y menos aún, se le agreda físicamente”.

En este sentido, esperan que este incidente “no vuelva a repetirse”y manifiestan la actitud “dialogante” que han demostrado desde su fundación, y además “colaboradora y civilizada” ante la Administración local, con lo que seguirán reivindicando el derecho a un “trabajo digno” y a una “formación adecuada” para los miles de sanluqueños que, en su opinión, se encuentran “en riesgo de exclusión social”.

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