Gamero pedirá la paralización de los trabajos del tranvía por la calle Real

José Antonio Gamero, el abogado que defiende los intereses de los expropiados de Montañeses de La Isla por la obra del tranvía, ha decidido dar un golpe sobre la mesa y va a solicitar la próxima semana la ejecución provisional de la sentencia dictada hace algo más de un par de meses por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por la que se declaraba “nula” la ejecución del proyecto del tren-tranvía en el tramo que discurre entre el caño Zurraque y la calle Real, así como la expropiación llevada a cabo en su día a los propietarios de las viviendas y los locales comerciales de la zona de Montañeses de La Isla, al entender que hubo “omisión” del trámite de información pública por parte de la Junta de Andalucía a los afectados.

Esta decisión se traduce en que va a pedir que se proceda a la paralización de las obras del tranvía por la calle Real mientras que no haya sentencia firme por parte del Tribunal Supremo, ante el que la Junta ha presentado el recurso de casación por la sentencia citada anteriormente. De hecho, Gamero está citado para finales de febrero en Madrid para personarse en la causa en representación de los expropiados y defender el contenido la sentencia dictada en su día por el TSJA.

La vía de negociación

Se podría decir que se trata de una medida de presión que va a adoptar el letrado ante la “falta de noticias” por parte de la Junta de Andalucía de abrir la vía del diálogo con los afectados por la expropiación y alcanzar un acuerdo económico.

En este sentido, José Antonio Gamero entiende que la Administración autonómica ha cumplido sólo dos de los tres requisitos que anunció cuando tuvo conocimiento del contenido de la sentencia del TSJA. “Dijo que las obras no se iban a parar, y no se pararon, que iba a presentar un recurso de casación, y lo ha presentado, y que iba a abrir la vía de la negociación con los afectados y este punto no lo ha cumplido por el momento”.

Ante esta situación, el letrado tiene as guardado bajo la manga de poder pedir la ejecución provisional de la sentencia, que conlleva acarreada dos consecuencias, por un lado, que el proyecto quede paralizado hasta que no haya sentencia en firme del TS y, por el otro, que se abra el procedimiento para que se fijen los daños y perjuicios a sus representados.

“Sinceramente yo no quiero que se paralicen las obras porque va a haber mucha gente que se me va a echar encima, pero no me queda otro remedio ya que no puedo pedir que se ejecute una parte de la sentencia y la otra no, es decir, yo no puede decirle al TSJA que se fijen los daños y perjuicios pero que no paralicen las obras, o viceversa. En definitiva, que la sentencia se tiene que ejecutar en su totalidad”, aclara el abogado de los expropiados.

Su decisión de la ejecución provisional de la sentencia se la comunicará la próxima semana a la misma Sección Cuarta de la Sala de los Contencioso Administrativo del TSJA, que a su vez dará traslado de la misma a la Junta de Andalucía para que proceda a presentar las posibles alegaciones.

Prevaricación

Gamero quiere dejar muy claro que en el mismo momento en el que pida la ejecución de la sentencia, y si el el juez se la concede, la Junta estaría incurriendo en un delito de prevaricación si sigue adelante con la obra “o pone un ladrillo más”, sentencia.

El abogado está abierto a la negociación con la Administración autonómica durante el mes de febrero, de manera que si se alcanza un acuerdo estaría dispuesto a no acudir a Madrid ante el Tribunal Supremo para defender a sus representados en el recurso de casación presentado por la Junta de Andalucía.

Tres negocios cerrados de los cinco

El paso al frente que ha dado el abogado de los expropiados de Montañeses de La Isla, José Antonio Gamero, tiene su razón de ser en el desenlace que para muchos de sus representados ha tenido el hecho de tener que trasladarse de su ubicación de toda la vida a una nueva, como consecuencia del derribo de toda la manzana para el paso en el futuro del tren tranvía.

Así, señala que de los cinco negocios que en su día tuvieron que trasladarse de Montañeses de La Isla, tres de ellos han tenido que cerrar sus puertas, otro está “tambaleándose” y lo único que ha sobrevivido ha sido el negocio de prótesis dentales. A groso modo, señala que “la peluquería cerró sus puertas hace meses, ayer mismo me enteré que el freidor ha tenido que echar el cerrojazo, mientras que el bazar ya lo hizo en el momento de la expropiación. Además, al dueño del bar sólo le ponen problemas con las licencias”.Gamero llega a afirmar que “en definitiva, que para la gran mayoría de ellos el traslado por las expropiaciones les ha llevado a la ruina”.

El abogado no va a permitir que suceda lo mismo con Joaquín Moreno, que saltó a la palestra en su día por ser el que se mantuvo firme en el pleito con la Junta de Andalucía y que derivó en la sentencia del TSJA que obligaba a parar las obras. “Yo no puedo permitir que Joaquín tenga que estar esperando durante cuatro años hasta que salga la sentencia del Tribunal Supremo para recibir lo que le corresponde por las indemnizaciones, porque mientras esto sucede tendrá que seguir haciendo frente al pago de sus deudas”.

Tranquilidad en la Junta

Tanto el delegado provincial de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, como el consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, acompañados por el parlamentario José Luis Blanco, mostraron ayer la tranquilidad de la Junta al conocer la noticia. Los tres señalaron que el tribunal ya denegó la paralización cautelar de los trabajos en 2009, por lo que la petición de Gamero se encontrará con una nueva negativa.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía sigue adelante con el procedimiento comenzado tras la sentencia, pero no ha dejado entrever los pasos que va a seguir.