Al PP, probablemente, no le dio tiempo a proceder igual, porque en plena discusión la alcaldesa recondujo con habilidad el dilema planteado y decidió acabar con el Pleno de golpe dando un receso de ocho horas para que unos y otros estudiasen el texto del convenio que había que ratificar.
Se trataba de dar la ratificación del convenio suscrito por el Gobierno municipal con la empresa concesionaria del servicio de basuras, Urbaser, para evitar la marcha de la misma de la ciudad; y de modificar el convenio de recaudación con la Diputación provincial de Cádiz.
El acuerdo, del que en ese momento la oposición no sabía gran cosa, se había logrado la noche anterior y el Gobierno municipal decidió llevar este asunto, en vez de por urgencia al Pleno ordinario de enero, como asunto independiente en un Pleno extraordinario convocado a las 12.00 del mediodía.
Dado que el Pleno ordinario de enero acabó a las 11.48 y que Pilar Sánchez convocó a los concejales a las 12.30, hubo poco más de cuarenta minutos para consultar la documentación.A la vuelta del ‘descanso’ los ánimos estaban caldeados y la salida de IU y el PSA, además de una enorme bronca entre la alcaldesa y los concejales del PP sobre quién hacía teatro y qué pretendía cada cual con dicha escenificación, se acabó de un plumazo al tomar la alcaldesa la decisión ya referida de posponer la sesión hasta las 21.00 horas.
Pleno ordinario
Antes de la bronca se había desarrollado una sesión normal, sin incidentes, con la habitual tensión política pero sin nada más.
La oposición había criticado al Gobierno municipal el hecho de haber dado con la fórmula de ‘impedir’ al amparo de la normativa que se debatan los asuntos propuestos por los grupos mediante la ingeniosa fórmula de enmendarlos parcialmente con iniciativas que casi eran enmiendas a la totalidad.
De este modo, se debatían primero esas enmiendas y se pasaba a la votación sin que el grupo que proponía la iniciativa pudiese defender la suya cerrando el debate.Algo así pasó con dos proposiciones del Grupo Popular, una tendente a solicitar que se articulen medidas que mejoren el sistema de financiación municipal.Con todo, del conjunto del debate destacar varias cuestiones.
La aprobación definitiva del Presupuesto General de 2011, que supuso un amplio debate sobre la financiación municipal y la de las pedanías, especialmente la de Torrecera, cuyo alcalde alegó al presupuesto; destacar también la aceptación del Ayuntamiento de los consejeros en el Xerez C.D. que pasó con las críticas de la oposición a uno de ellos; destacar igualmente el debate sobre la futura Ciudad Deportiva y, aunque pasó sin pena ni gloria porque no fue motivo de conflicto, no se puede olvidar tampoco el gran éxito de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad de la consecución de una moratoria para el proceso de instalación de antenas.
El primer asunto debatido fue la aprobación definitiva del Plan Parcial de El Carrerista, un acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de febrero de 2010 que permitirá la puesta en marcha de 300.000 metros cuadrados de suelo industrial.
El debate lo protagonizó Del Valle que dudó de la capacidad de dar el abastecimiento eléctrico adecuado y el asunto pasó con la abstención del PSA e IU y el voto afirmativo de PSOE y PP “solo por responsabilidad” al estar el tema “muy mal planteado” pero ser necesario suelo industrial para la ciudad.
Financiación de Torrecera
La discusión relativa a la aprobación definitiva del Presupuesto General de 2011 estuvo centrada en un solo asunto, la financiación de la ELA de Torrecera. La explicación, ya apuntada antes, es sencilla. El alcalde de esta entidad local había presentado una alegación al Presupuesto basada en “insuficiencia financiera”, es decir, que las partidas contempladas para su ‘pueblo’ no eran suficientes para cubrir los gastos.Casto Sánchez defendió, primero, que el Ayuntamiento matriz no está obligado a financiar los déficits de las pedanías y, segundo, que su Gobierno ha multiplicado la cantidad que recibe dicha ELA.
Para justificar sus palabras, explicó que Torrecera debería haber recibido poco más de 260.000 euros si se tiene en cuente lo que recibía antes de 2007 y los incrementos correspondientes al IPC de estos años. Pero que, no obstante, lo transferido ha sido de 366.261 euros en 2009 y 2010, dado un convenio firmado que mejora esa situación al tener en cuenta el número de habitantes.
Casto Sánchez, lo que vino a decir es que si el alcalde de Torrecera pedía que se le aplicase la legislación y no el convenio, su pueblo saldría perdiendo, pero que eso no iba a suceder porque el Gobierno no lo permitiría.Sus palabras fueron inmediatamente respondidas por el PSA, por Raúl Ramírez y por el PP, por Bernardo Villar, coincidiendo ambos en que Casto Sánchez omitía parte de la verdad, que era que la pedanía tendría que recibir en todos los casos lo estipulado en el convenio, dado que la ley no permite que pueda empeorar su condición financiera por un asunto así, concluyendo que el Gobierno no podía vender que el dinero dado era una concesión ‘graciosa’ sino que era obligatoria por ley.
El debate estuvo después en el no reconocimiento de un determinado número de vecinos de la ELA que equivaldrían unos 30.000 euros más para Torrecera que unos y otros se echaron en cara no admitir para no tener que pagarlos, al estilo de lo que pasó en su día con la población andaluza no reconocida por el Gobierno Central.
Impuestos subvencionados
Otro de los asuntos tratados ayer fue el acuerdo para subvencionar buena parte del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a personas con situación económica desfavorecida.
Casto Sánchez, que expuso la iniciativa, reconoció que era una propuesta originaria del PP que el Gobierno había hecho suya y llevado a Junta de Gobierno Local y después al Pleno.Villar (PP) le agradeció que lo mencionase y criticó que la alcaldesa no dejase de criticar a los populares por no hacer nada en las redes sociales como ‘Twitter’, añadiendo que debería rectificar tras este asunto.
La de ayer, por tanto, es una de las primeras veces, si no la primera, que las redes sociales toman protagonismo en el Pleno municipal.
Ciudad deportiva
Hubo otros temas, pero el debate sobre la futura Ciudad Deportiva fue uno de los que puso en evidencia la cercanía de las elecciones, dado que el Gobierno municipal, a juicio de los demás grupos, llevó a Pleno un asunto que está tan en los inicios que su expediente no es más que unos cuantos papeles y un plano.Juan Pedro Crisol dijo lo ya conocido, que son 60.000 metros que Diputación tendrá que financiarla, que es una reclamación histórica y que era mejor ir al ente provincial con el acuerdo de todos.
Y la oposición puso el énfasis en la lejanía de Jerez, en la falta de idoneidad del suelo (que está inclinado un 8% por lo que habrá que diseñarla en plataformas unidas por rampas), en sus 17 millones de coste que nadie sabe quién financiará, en los cuatro años que se ha tardado en encontrar el suelo y las prisas por vender el proyecto ahora y, sobre todo, en las muchas dudas de que Diputación, no invitada a la presentación del proyecto, vaya a invertir ese dinero en medio de la crisis.
Ajemsa, nueva operación de 900.000 euros
Antes del desarrollo del Pleno ordinario, los concejales quedaron constituidos en Junta General de la empresa de aguas de Jerez, Ajemsa, para debatir una nueva operación de tesorería. En esta ocasión la cifra fue de 900.000 euros y el crédito se firmará con Cajasol.
No hubo más explicaciones del Gobierno municipal respecto al mismo, interviniendo por el Partido Popular Bernardo Villar quien dijo que se siguen cometiendo una vez tras otra los mismos errores, llevando operaciones de este tipo a la carrera al Pleno y recordando que hace un mes se trajo otra de 20 millones de euros.
Villar se quejó de la falta de información, de no saber para qué era ese dinero o de no saber cuántas operaciones se han solicitado. Además, criticó a la alcaldesa no haber estado en el último consejo de administración ni haber delegado su voto “por mucho que diga lo contrario”.
La interrupción de la alcaldesa originó la primera discusión por el turno de palabra, que dio Pilar Sánchez a África Becerra quien, dicho sea de paso, se limitó a explicar la normativa que obliga a llevar el tema a la junta general por ser más de 600.000 euros, y nada más.Una nueva intervención de Villar pidiendo explicaciones y porque necesite tesorería una empresa que ingresa todo en efectivo fue respondida por la delegada con más evasivas.
