El portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, ha expuesto que sus 32 enmiendas “desmontan las mentiras y la demagogia” que se han vertido sobre esta normativa durante los últimos meses, al tiempo que ha asegurado que son fruto del diálogo establecido con los grupos políticos, los sindicatos y los agentes sociales.
De las 32 enmiendas, siete se refieren a la exposición de motivos, once a las disposiciones generales y 14 al articulado, mientras se asientan sobre cinco “vectores principales”. El primero de ellos consiste en clarificar que los funcionarios de carrera son la “columna vertebral” de la función pública. En segundo lugar, que se garantizan los derechos laborales de todos los “servidores públicos” de Andalucía, quedando claro que “nadie ganará lo que no tenía ni perderá lo que se había ganado”.
En tercer lugar, que la selección y el acceso del personal de los entes instrumentales se efectuará mediante convocatoria pública en medios oficiales y con sujeción a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Además, la designación del personal directivo de las agencias atenderá también a estos principios, junto al de idoneidad.
El cuarto de los vectores consiste en que la negociación sindical se hará con los sindicatos más representativos, con aquellos que obtengan el respaldo en las elecciones sindicales. Por último, con el fin de obtener una mejor prestación de los servicios públicos, se establecerá la forma de participación de las organizaciones representativas de la ciudadanía.
En cuanto a las 42 enmiendas del PP-A, se incluye la derogación de los decretos, el del 27 de julio y el del 23 de noviembre de 2010, para que así se pueda comenzar “de cero” y buscar el consenso con todos los colectivos de funcionarios y empleados públicos.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha explicado que las enmiendas de su partido (24 de supresión, 12 de adición y seis de modificación) son “constructivas” y plantean claramente la alternativa del grupo popular en relación con este asunto, que no se ha podido abordar de “peor” manera por parte del Ejecutivo.
Para el PP-A, la reordenación aprobada por la Junta no sólo no va a suponer una minoración sustancial del gasto del sector público, sino que “se puede estar lesionando de forma irreversible nuestro ordenamiento constitucional al conculcarse principios y derechos fundamentales, como el derecho a acceder en condiciones de igualdad al empleo público o el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, al haberse impuesto en su origen sin la preceptiva negociación”.
A su juicio, estamos ante un modelo de reordenación “equivocado, que en esencia es conflictivo, que no tiene precedentes en otras comunidades ni tampoco en las reordenaciones llevadas a cabo en el ámbito de la Administración General del Estado, donde expresamente se ha desautorizado la creación de ninguna nueva Agencia estatal”, al tiempo que entra en “clara contradicción” con las propias medidas aprobadas por el Gobierno central para reducir el déficit.
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA y portavoz parlamentario, Diego Valderas, ha explicado que las 85 enmiendas su grupo suponen “un modelo alternativo basado en una agencia única en la que se integran todos los organismos”.
“Se ha pensado siempre en la administración y nunca en intereses políticos, electorales o sindicales”, ha afirmado el líder de IULV-CA, quien ha garantizado que si este modelo no se abre paso durante la tramitación parlamentaria de la normativa, la formación lo incluirá dentro del programa electoral para las próximas autonómicas.
