Las organizaciones agrarias han alzado su voz ante el bajo precio al que los viticultores están vendiendo este año la uva a bodegueros e industriales, una situación que, según ha denunciado una de estas entidades, podría generar a los agricultores hasta 1.500 millones de euros de pérdidas.
En declaraciones a Efe, representantes de Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones han pedido que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) controle de manera más exhaustiva los contratos de compraventa de uva para que se cumpla la ley de la cadena, que impide vender por debajo del coste de producción.
Además, han manifestado su confianza en que el refuerzo de la ley de la cadena al que el Gobierno se ha comprometido les otorgue la capacidad de poner una denuncia, como entidad, cuando la norma no se cumpla, para evitar la indefensión en la que, según han expresado, se encuentran los viticultores de forma individual.
Según Unión de Uniones, y atendiendo a la composición varietal del viñedo español, donde más del 65 % son variedades de baja cotización (airén en blancas, tempranillo en tintas y similares), los viticultores de estos viñedos podrían sufrir esta campaña unas pérdidas de renta de unos 1.500 millones de euros.
Esta organización ha denunciado que la posición de dominio de los principales grupos bodegueros lastra los precios de la uva hasta quedar casi un 50 % por debajo de los costes de producción.
Según los datos que maneja, el coste de producción de las variedades mayoritarias en el viñedo castellanomanchego (la mayor zona productora de España) se mueve entre los 0,40 euros/kg y los 0,50 euros/kg, mientras que los precios de venta se sitúan alrededor de los 0,23 euros/kg.
"El viticultor está ahogado económicamente y necesita vender (la uva) antes. Aprovecharse de esa situación no es otra cosa una especulación", ha señalado el responsable de sectores agrícolas de Unión de Uniones, Anastasio Yébenes.
Como las lentejas, "las comes o las dejas"
El responsable técnico del sector del vino de Asaja, José Ugarrio, ha incidido en que los viticultores tienen poco margen de maniobra a la hora de negociar el precio de venta, entre otras cosas por el carácter perecedero del producto.
"Son lentejas, las comes o las dejas", ha expresado Ugarrio, que ha lamentado que la AICA impone pocas sanciones por la compraventa de producto por debajo de los costes de producción.
También ha resaltado que hoy día los costes medios de producción de uva en una determinada zona "están súper calculados" y que con esa base se deberían de elaborar y firmar los contratos para que el precio de venta de la uva sea rentable para los viticultores.
Precios bajos sin justificación
Sin embargo, la ley dice que cada productor debe consignar sus costes de forma independiente, ha apuntado el responsable del sector vitivinícola de COAG, Joaquín Vizcaíno, lo que conlleva que las denuncias por presunto incumplimiento de la ley de la cadena se tengan que hacer de forma individual.
Debido a esto, "se hace más difícil todavía esa defensa (de los viticultores)", ha señalado Vizcaíno, que ha coincidido en que existen estudios de costes de producción por zonas en los que incluso ha participado la Interprofesional del Vino, organización que incluye también a los elaboradores.
En lo que respecta a los precios, COAG entiende que las existencias de vino en el enlace de campaña, que se han situado un 17 % por debajo de la cantidad almacenada en las dos últimas campañas, no justifican los precios de este año, que deberían de haber sido, al menos, "continuistas", según Vizcaíno.
"No nos temblará la mano para denunciar"
Por su parte, el responsable sectorial de UPA, Alejandro García-Gasco, ha señalado que su organización también cuenta con estudios de costes de producción por zonas que se podrían tomar como referencia de forma colectiva, y ha insistido en que conviene que la reforma de la ley de la cadena les permita poner denuncias como entidad porque a ellos "no les va a temblar la mano" en hacerlo.
Ha remarcado que no se trata de una crisis puntual, sino estructural, y que en 27 años que lleva en el cargo se ha repetido la misma situación en cada campaña.
En este sentido, ha indicado que los viticultores están más pendientes de si va a haber dinero para el arranque de las cepas que de otra cosa y que los bodegueros e industriales no parecen ser conscientes de que, si desaparecen las viñas, tendrán que traer toda la materia prima de fuera.
