La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al comercio ilegal de gases fluorados en Barcelona y Madrid, que eran introducidos en España procedentes de China, en una operación policial desarrollada el pasado 30 de julio en la que fueron detenidas cinco personas.
Según informa esta martes la Guardia Civil, en el marco de esta operación, denominada "GASCRA", además de los cinco detenidos, otras doce personas se hallan investigadas por este comercio ilegal, todas ellas de origen ruso y ucraniano.
Durante la operación policial, los agentes del instituto armado intervinieron más de 700 botellas de gases refrigerantes fabricadas en China por un valor de unos 240.000 euros, las cuales estaban almacenadas sin ningún control ni seguridad.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la comandancia de Barcelona inició la investigación tras tener conocimiento de la venta desde 2019 en plataformas online de gases refrigerantes hidrofluorocarburos (HFCs), también llamados gases fluorados o de efecto invernadero, a precios muy por debajo del valor de mercado, generando así grandes beneficios.
A través de un entramado delictivo, estos gases refrigerantes eran fabricados en China a un coste que rondaba entre los 20 y 50 euros por botella y una empresa polaca las introducía de forma ilegal en la Unión Europea para, posteriormente, enviarlas a España para su venta a través de internet a un precio de al menos 300 euros la botella, dándole apariencia de legalidad.
Durante el dispositivo policial, la Guardia Civil registró un domicilio en la ciudad de Barcelona y una nave industrial en la provincia de Madrid, donde fueron detenidas estas cinco personas e investigó a otras doce, todas de origen ruso y ucraniano, que constituían la organización delictiva.
El lucrativo mercado negro asociado al tráfico ilegal de gases refrigerantes en Europa constituye un fenómeno delictivo en auge, que conlleva además un riesgo grave de contaminación atmosférica.
La investigación de este caso, que sigue abierta y por el que no se descartan más detenciones, la dirige el juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona.
Los detenidos están acusados de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, de contrabando, contra la Hacienda Pública y de pertenencia a organización criminal.
