Las autoridades chinas revelaron hoy que el plan para canjear la "deuda oculta" de los gobiernos locales y regionales del país y sanear así sus balances contables ascenderá a un total de 10 billones de yuanes (1,4 billones de dólares, 1,3 billones de euros).
El anuncio se llevó a cabo durante una rueda de prensa celebrada en Pekín al término de una anticipada cumbre del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, el Legislativo chino), y se produce casi un mes después de que el ministro de Finanzas, Lan Fo'an, hablase del mencionado plan de canjeo.
Específicamente, se elevará en 6 billones de yuanes (838.680 millones de dólares, 777.883 millones de euros), hasta un total de 35,52 billones de yuanes (5 billones de dólares, 4,6 billones de euros), el techo de deuda de los gobiernos locales para que estos puedan reemplazar los pasivos ocultos existentes, dividiendo la aplicación del plan en tres tramos idénticos en 2024, 2025 y 2026.
Se trata, según Bloomberg, de la primera ocasión desde 2015 en que las autoridades chinas elevan el techo de deuda para los gobiernos locales a mitad de año.
Además, también se anunció un programa por otros 4 billones de yuanes (558.534 millones de dólares, 518.353 millones de euros) en nuevos bonos especiales a lo largo de los próximos cinco años, con el mismo propósito.
Un problema que viene de lejos
El ministro aseguró que la "deuda oculta" pendiente de los gobiernos locales ascendía a unos 14,3 billones de yuanes (2 billones de dólares, 1,85 billones de euros) a finales de 2023, y que la iniciativa hoy anunciada hará que esa cifra descienda a unos 2,3 billones de yuanes (320.920 millones de dólares, 297.926 millones de euros) hacia 2028.
No obstante, estimaciones del Fondo Monetario Internacional cifraron en unos 66 billones de yuanes (9,2 billones de dólares, 8,5 billones de euros) la "deuda oculta" acumulada a través de los canales informales de financiación conocidos como 'vehículos financieros de gobiernos locales' (LGFV, por sus siglas en inglés), el doble que en 2017.
Y Alicia García Herrero, economista jefe del banco de inversión francés Natixis, cifró recientemente la deuda acumulada por los LGFV en unos 39,7 billones de yuanes (5,5 billones de dólares, 5,1 billones de euros).
Pekín lleva años preocupado por este problema: en 2018 ya reclamó a las administraciones locales que dejasen de acumular pasivos a través de los LGFV, entidades semipúblicas que fueron creadas para esquivar las limitaciones al endeudamiento y que se extendieron por toda China tras la crisis financiera de 2008.
"Mantendremos una postura de tolerancia cero e investigaremos y castigaremos las nuevas deudas ocultas que descubramos", advirtió hoy Lan, quien calificó la prohibición de acumular más pasivos de este tipo de "regla de hierro".
Aliviar la presión sobre las regiones
La mayoría de analistas daba por hecho que se anunciarían esos 6 billones de yuanes en techo de deuda extra, aunque también anticipaban que se anunciasen otros 4 billones de yuanes en bonos especiales para adquirir terrenos sin construir o inmuebles sin vender como apoyo al maltrecho sector inmobiliario, sumido en una prolongada crisis, y en un plan de recapitalización para los grandes bancos estatales.
No obstante, en la agenda de la cumbre del Comité Permanente solo se incluyó una mención al plan de canje de deuda, y la convocatoria de la rueda de prensa celebrada hoy también se centraba únicamente en esa iniciativa, sin mención a otros posibles anuncios de estímulos fiscales ni a planes para impulsar directamente la demanda.
"El anuncio de la ANP será muy diferente (...), enfocándose en limpiar la deuda tóxica más que en estímulos de verdad", anticipó esta semana García Herrero: "El impacto fiscal directo será mínimo, ya que la deuda total no cambiará con su reestructuración. El beneficio provendrá indirectamente de pagos por intereses más bajos en el futuro y, por tanto, menores cargas para los gobiernos locales".
Concretamente, Lan cifró hoy en unos 600.000 millones de yuanes (83.797 millones de dólares, 77.733 millones de euros) el ahorro a lo largo de los próximos cinco ejercicios.
Según Gary Ng, analista de Natixis, el plan hoy detallado busca aliviar la presión sobre las cuentas de los gobiernos locales por la caída de las ventas de terrenos -una fuente de ingresos clave durante los años de bonanza inmobiliaria- y darles más margen para pagar sus deudas, algo que venía siendo un "cuello de botella para la transmisión de la política fiscal y para la confianza".
