El ?escándalo? de la Diputación salpica toda la política provincial

Finalmente no habrá investigación. La Diputación de Almería, que celebró el pasado viernes 17 de octubre un pleno extraordinario, rechazó crear una comisión informativa especial para "depurar responsabilidades" en la contratación de personal de confianza. Los votos del equipo de gobierno (PSOE y PAL) tumbaron la propuesta del PP, con al abstención de IU. Los populares exigieron la devolución del dinero cobrado de la institución provincial por tres asesores del PSOE, quienes reconocieron no trabajar para la Diputación sino para el partido, confesión grabada por una cámara oculta.

La polémica que no cesa
Por su parte, el portavoz del PP, José Fernández, insistió en afirmar que, pese a las dimisiones de Diego López, Rosalía Gallardo y Antonio Ortiz (los tres asesores que aparecen en el reportaje emitido por el canal Intereconmía y en el que reconocen que el sueldo les permite estar liberados para el partido), existen responsabilidades políticas. "Si usted nos pudiera poner en lo alto de la mesa el trabajo de estas personas no hay nada que objetar", expuso Fernández, que defendió que la comisión solicitada serviría para reclamar las retribuciones percibidas por los tres cargos de confianza cesados por el presidente, así como "comprobar, investigar y solicitar las comparecencias que se estimen oportunas".

    También desde el PP, en la persona de José Cara, se ha solicitado a la Fiscalía que se investigue las condiciones en las que se están produciendo las contrataciones de los asesores y cómo y dónde está trabajando esta gente, así como qué tipo de asesoramiento se le está prestando al equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería. Y es que los populares van a por todas en este asunto.
    Por su parte, Pérez Montoya, el portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, defendió que, tras la aparición del reportaje, el presidente Juan Carlos Usero actuó de forma inmediata al aceptar el cese de los tres cargos de confianza y añadió que las presuntas irregularidades ya obran en manos de la Fiscalía de la Audiencia de Almería. "Que sea la justicia la que abra su propia investigación", indicó.