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Mesa de la Ría presenta alegaciones a la AAI de Fertinagro

Por ser contraria a la recuperación de la Avenida Francisco Montenegro

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La Asociación Mesa de la Ría ha presentado alegaciones a la solicitud de la empresa Fertinagro, filial de Tervalis, para obtener la Autorización Ambiental Integrada (AAI), necesaria para poder operar en los terrenos de la antigua fábrica de Nilefós, ubicada en el Polo Químico de Huelva. Por ello, ha pedido a la Junta de Andalucía que deniegue la citada autorización, y ha anunciado que acudirá a la Unión Europea (UE) y a los tribunales si la Junta otorga a esta empresa química este permiso ambiental.
De este modo, a finales del mes de mayo culminó el proceso de información pública de este trámite, por lo que se presentaron las alegaciones correspondientes, y ahora la administración regional deberá estudiarlas.
Según reza la asociación en sus alegaciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, ésta considera que Fertinagro pretende ubicarse en las "ruinosas" instalaciones abandonadas y cerradas hace más de dos años en la Avenida Francisco Montenegro, sobre los terrenos contaminados por Rhodia y Nilefos, con una nueva industria química pesada, "incumpliendo los acuerdos para la recuperación de la Avenida Francisco Montenegro".
En su opinión, el proyecto presentado a autorización ambiental, no considera "ningún coste de descontaminación de terrenos contaminados por actividades previas", a la par que consideran que el proyecto carece del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud requerido por la legislación vigente.
En esta misma línea, recuerdan que la concesión administrativa de los terrenos por la Autoridad Portuaria condicionada a la aprobación

ambiental, es "nula de pleno de derecho", ya que carece "legalmente de la titularidad de tales terrenos", debido, entre otros motivos, a que de acuerdo con la legislación vigente debe someterse a evaluación de impacto ambiental antes de la concesión, por lo que "el informe

debe ser posterior a la resolución ambiental".
Asimismo, destacan que la actividad realizada años atrás por Rhodia y posteriormente por Nilefós Química hasta su cierre y abandono de las instalaciones, que se encontraban en "estado ruinoso", "ha sido potencialmente contaminante de suelos".
Por ello, estiman que la Autoridad Portuaria, como poseedor de los terrenos abandonados y en su defecto la Junta de Andalucía, debería haber exigido el cumplimiento de la normativa que establece los criterios y estándares para caracterizar los suelos contaminados e identificarlos utilizando para ello "una metodología normalizada y técnicamente rigurosa incluyendo su propuesta de descontaminación en la parcela citada", obteniendo un coste de descontaminación que no fue incluido en la tramitación y valoración global de una nueva concesión administrativa, "por el riesgo" que supondría para los futuros trabajadores realizar una actividad en terrenos contaminados, así como para la nueva actividad de Fertinagro, que se dedicará a los nutrientes animales en terrenos potencialmente "generadores de riesgos en la seguridad alimentaria".
En consecuencia, valoran que la inversión que requiere Fertinagro para adecuación de lo existente en las instalaciones, se realiza en unas instalaciones que se demuestran en "un estado claramente ruinoso en las que se encuentra sobrepasado su periodo de vida útil".
Entre otros de sus argumentos, inciden en que el proyecto no contiene un Plan de desamiantado de las Edificaciones, a la vez que recuerdan que la Delegación de Medio Ambiente no puede conceder una nueva AAI "hasta que no se cierre la autorización de Nilefos", debido a que el cierre fue realizado unilateralmente por esta empresa hace dos años, y el Puerto como propietario de los terrenos debió notificar tal hecho a la Junta de Andalucía, "quien debía haber instado al primero a ejecutar de manera subsidiaria, las citadas medidas ambientales prescritas por su propia resolución de la Autorización Ambiental Integrada, para el caso de cierre, medidas que ahora no constan en el expediente".
MOTIVOS MEDIOAMBIENTALES
Respecto a criterios ambientales, aseguran que el proyecto carece de los criterios y estándares para caracterizar los suelos

contaminados e identificarlos utilizando para ello una metodología normalizada y técnicamente rigurosa, incluyendo su propuesta de descontaminación, así como señalan que la actividad incluye ocho nuevos focos de emisiones atmosféricas en Huelva, donde ya se "incumplen repetidamente los umbrales de protección a la salud por inmisión de contaminantes" ni tampoco especifica el tamaño de las partículas que se van a emitir.
La asociación subraya que el proyecto deberá someterse a una adecuada evaluación de sus repercusiones en los lugares de Interés

Comunitario afectados y zonas con protecciones ambientales por proximidad, como Marismas del Odiel, al mismo tiempo que destaca que la necesidad de que se detallen los residuos que generarán o
INCOMPATIBILIDAD URBANÍSTICA
Además, consideran que "no existe compatibilidad" del contenido del proyecto con el Planeamiento Urbanístico de Huelva, básico y

necesario para la tramitación de la AAI. La concesión de la AAI iría contra los actos propios de la Administración reflejados en los Acuerdos para la Recuperación de la Avenida Francisco Montenegro firmados por la Junta de Andalucía el año 1991, junto con otras administraciones. La Consejería, por ello debería igualmente

"enviar el expediente para su informe, a todas las Administraciones firmantes de los Acuerdos del año 1991".
El Plan General de Ordenación Urbana de Huelva, que recoge el contenido de los Acuerdos para la Recuperación de la Avenida Francisco Montenegro, firmados en 1991, propone que el uso industrial esté ligado al periodo de actividad de los actuales concesionarios; de manera que finalizada su actividad, el suelo deberá destinarse a otros usos. A modo de ejemplo, señalan que el criterio de ciudades modernas como Sevilla, ha sido alejar las industrias pesadas contaminantes de zonas portuarias con otra vocación.
PETICIÓN AL AYUNTAMIENTO
De otro lado, la Asociación ha instado a todos los grupos políticos a que se "posicionen claramente" contra "más industrias contaminantes" en la Punta del Sebo. Por ello, lamenta "el silencio" del Ayuntamiento de Huelva, el cual "aún no ha presentado en el expediente el informe requerido de compatibilidad urbanística de la nueva fábrica", y a su juicio, "no debe callar o mirar para otro lado respecto del futuro de Huelva".
La asociación exige al Ayuntamiento la contestación del informe sobre compatibilidad urbanística, así como la denegación de la licencia de obras a la nueva empresa química solicitada por Fertinagro, ya que la construcción de una nueva industria Química pesada incumple el Plan General de Ordenación Urbana de Huelva.
Para la Mesa de la Ría, una actividad que requiere una subvención pública de tres millones de euros para crear 60 empleos, es "insostenible" e incide en que el futuro de Huelva pasa por la transformación "paulatina y progresiva de la industria contaminante por una industria limpia, la creación de un modelo estratégico de ciudad y necesita voluntad política de cambio".

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