La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha exigido a las administraciones que ponga en marcha "actuaciones urgentes y necesarias" para "garantizar la protección de los temporeros que viven en infraviviendas", después del fallecimiento de una personas durante el incendio de su chabola en Lucena del Puerto o la reagrupación de otro grupo de personas la pasada semana por las lluvias.
Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la pasada semana la APDH en Andalucía presentó la edición número 22 edición de su Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur, que en esta ocasión ponía el foco sobre 'Las fronteras internas en Andalucía: las vulneraciones de derechos en los asentamientos de Huelva y Almería'. El documento servía para constatar "graves vulneraciones de los derechos de las personas temporeras que residen en los asentamientos de infraviviendas de Huelva y Almería".
Sin embargo, la organización ha destacado que el informe se presentaba mientras que un grupo de personas que residían en los asentamientos ubicados en Lucena del Puerto (Huelva) tenían que ser evacuadas como consecuencia de las inundaciones que siguieron a las lluvias intensas que tuvieron lugar en la zona.
Esta situación se puso en conocimiento del Ayuntamiento de la localidad onubense a través de su concejala de Asuntos Sociales, quien, no obstante, "desistió de ejercer sus obligaciones para delegar en la buena voluntad de las asociaciones locales la labor de atención y protección a las personas afectadas".
Por otro lado, la entidad ha señalado que tres días después, en la madrugada del jueves al viernes, falleció una persona que residía en el asentamiento de Santa Catalina, también en Lucena del Puerto, como consecuencia de un incendió que destruyó su "precaria vivienda". "La víctima, un trabajador procedente de Ghana, llevaba más de 20 años residiendo en nuestro país y se veía obligado a vivir en una infravivienda construida con materiales precarios y altamente inflamables, como es habitual en estos asentamientos", han lamentado desde la organización.
Al respecto, la entidad ha manifestado que "se trata de la cuarta víctima que fallece a causa de los incendios en asentamientos" y señalan que "un hombre falleció en un incendio en 2019 mientras que en 2021 un nuevo fuego provocó la muerte de una pareja".
Por todo ello, la APDH-A ha exigido "tanto al Ayuntamiento de Lucena del Puerto como a la Junta de Andalucía, que ponga en marcha las medidas necesarias para garantizar la protección a las personas en situación de vulnerabilidad extrema" y han apuntado a que "no es de recibo que esta responsabilidad se delegue en las asociaciones locales y en la buena voluntad de los vecinos y vecinas", ya que "se trata de una responsabilidad que, tal y como marcan la Constitución y el ordenamiento vigente, recae sobre las propias Administraciones públicas".
La entidad andaluza ha advertido de que "tras esta nueva muerte se esconde un sistema de explotación criminal que condena a la semiesclavitud a miles de personas que se ven obligadas a vivir en asentamientos de precarias infraviviendas". Pro Derechos Humanos explica que "los trabajadores y trabajadoras migrantes de Huelva y Almería son "un elemento imprescindible" para una industria agroalimentaria que "cada año cosecha ingentes beneficios económicos y que, sin embargo, no se preocupa por garantizar unas condiciones de vida dignas para estas personas".
"El trágico suceso de Lucena del Puerto se suma a una serie de incendios registrados en asentamientos similares de la provincia durante los últimos años, lo que pone de manifiesto la extrema vulnerabilidad de las condiciones de vida de los temporeros y temporeras migrantes, quienes carecen de acceso a viviendas dignas", han remarcado.
En este sentido, la entidad andaluza ha explicado que "la combinación de materiales inflamables, instalaciones eléctricas precarias y la reciente saturación de la zona por las lluvias ha creado un entorno peligros y de alto riesgo para este colectivo".
Por ello, APDH-A ha reclamado a las administraciones una "actuación urgente de la administración local y autonómica para proteger a los temporeros y temporeras", por lo que ha asegurado que seguirá "exigiendo a las administraciones públicas medidas inmediatas que garanticen soluciones habitacionales dignas, para evitar así más tragedias como la ocurrida en Lucena del Puerto".
