El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha defendido este martes el cumplimiento de la legalidad en relación a la autorización ambiental unificada concedida por parte de la Junta a Minas de Aguas Teñidas (Matsa) para la construcción de una nueva balsa minera junto a Valdelamusa, pedanía de Cortegana.
En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Paradela ha explicado que la tramitación de dicha autorización ha seguido todos los procedimientos legales y cuenta con numerosos informes técnicos que lo avalan.
Además, ha indicado que de las seis ubicaciones posibles se ha priorizado la de menor afección posible a espacios de interés, cumple con la distancia mínima de 700 metros, con todos los requisitos del régimen legal de la minería y cuenta con un informe previo de compatibilidad urbanística de los tres ayuntamientos afectados.
Asimismo, el consejero ha alegado que Matsa es una mina con un impacto importante en el PIB de la provincia de Huelva, que genera unos 4.000 empleos y que ha invertido en los últimos quince años 1.970 millones, por lo que ha afirmado que, "sin darle una solución, que es la más adecuada entre las seis ubicaciones previstas, esta actividad económica tendría que cesar".
La Comisión Europea investigará dicho permiso tras una solicitud de vecinos de dicha pedanía regional por no haber aceptado la Junta ninguna de las alegaciones procedentes de vecinos y organizaciones ecologistas y sostienen que la balsa podría colocarse en otro lugar que tuviera menos impacto para la población.
En cuanto a la autorización definitiva para la explotación de la mina de Los Frailes en Aznalcóllar (Sevilla) por parte de Minera los Frailes, el consejero ha señalado que el proceso de autorizaciones está en el tramo final y ha dejado claro que no tiene nada que ver con la anterior que provocó un vertido tóxico al río Guadiamar en 1998.
A diferencia de la anterior, esta explotación es una mina subterránea, en la que no hay corta a cielo abierto ni balsas de residuos y cuenta con importantes avances tecnológicos, según el consejero, que ha subrayado que de los 450 millones de inversión previstas se han destinado unos cien millones a actuaciones medioambientales.