Es el gran proyecto del primer mandato del PP al frente de la Diputación Provincial de Huelva. La nueva sede de la institución provincial cumplirá un doble objetivo: dar el salto definitivo de la Administración hacia el siglo XXI y recuperar para la capital un patrimonio muy valioso, como son la vieja estación de tren y el Colegio de Ferroviarios.
Hasta el momento, todo iba como la seda. El proyecto se presentó tras la firma del convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento, recibió el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y ahora estaba pendiente de la licencia de obra, solicitada a la administración local.
Sin embargo, la situación se torció a finales de la semana pasada. Fue Izquierda Unida quién lanzó la primera piedra, asegurando que el proyecto incumpliría las medidas de protección a las que está sometido el edificio de la vieja estación, al estar sujeto al grado de protección integral no monumental, dentro del Catálogo General de Bienes Culturales del municipio de Huelva del PGOU. Para ello, se basaba en un informe interno de denuncia de cuatro arquitectos de la Diputación.
El arquitecto responsable salió al paso para negar la mayor, pero la situación, lejos de frenarse, ha ido ‘in crescendo’. Hasta que este lunes se ha escenificado una auténtica batalla política.
A Izquierda Unida se ha sumado el PSOE, que ha comparecido delante del desvencijado edificio, otrora estación, para unirse a la denuncia y poner de relieve la presunta estrategia que estarían siguiendo Diputación y Ayuntamiento para salir airosos de este escenario: modificar la ficha del edificio, dentro del Catálogo, para rebajar así su protección y poder seguir adelante con el proyecto. Una propuesta de modificación acordada en la Junta de Gobierno Local del pasado 10 de febrero y que genera muchas dudas.
En este contexto, los principales señalados han decidido dar un paso al frente, y en una puesta en escena de unidad institucional, convocaban a los medios para “zanjar el tema”.
El presidente de la Diputación, Antonio Toscano, acompañado por el vicepresidente primero, José Manuel Zamora; el vicepresidente y primer teniente alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias; y el arquitecto del proyecto, Julio Sánchez, se mostraba “tajante” al respecto: “El proyecto de rehabilitación de la estación de tren ha sido aprobado con el respaldo de los organismos, ha pasado por la Comisión Provincial de Patrimonio, no ha habido ni una objeción ni una pega a nada de lo que se ha presentado. Por tanto, cuando tenga licencia de obra cumplirá con todos los parabienes que pondrá el Ayuntamiento de Huelva y será una licencia legal, no ilegal, como se está diciendo en este momento”.
El presidente supramunicipal ha lamentado que el PSOE e IU estén “confundiendo a la opinión pública” con respecto a la legalidad del proyecto de rehabilitación del mismo por “tacticismo político”, de forma que “realizan torticeramente afirmaciones que no son correctas”, por lo que ha remarcado que “no se trata de una descatalogación del edificio”.
El presidente de la Diputación ha indicado que este edificio “se va a convertir, además, en un centro sociocultural al servicio de los ciudadanos, que se va a integrar en un futuro parque del ferrocarril que llevará una parte museística, y además vamos a contribuir a regenerar un espacio que hasta este momento lo único que ha hecho es dejarse abandonado”.
Por su parte, Arias ha asegurado que “no se va a descatalogar absolutamente nada, sino que se va a actualizar su uso para convertirlo en un espacio sociocultural” y ha destacado que el proceso que se está llevando a cabo es “el mismo que se sigue con todos los proyectos urbanísticos” que se presentan ante la Gerencia de Urbanismo para la obtención de la licencia de obras y que está siendo “completamente transparente”.
En este sentido, en la comparecencia han explicado que se prevé que a finales de marzo o abril se presente el proyecto de ejecución, tras lo que se licitará el proyecto, previa obtención de la licencia. Por ello, se calcula que a finales de año se pueda comenzar la obra, después de que salga la licitación, que será “compleja” por los estándares de calidad que se pedirán, que serán “bastante altos”, lo que “implica elaborar un pliego bastante detallado”.
Y aunque esta comparecencia tenía como fin “zanjar” el tema, no va a ser el caso. IU y PSOE ya han anunciado los siguientes pasos que van a dar, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación, para evitar que este proyecto salga adelante tal y como está ahora mismo planteado.
De un lado, desde IU llaman a la ciudadanía a plantear alegaciones en la tramitación de esa modificación de la ficha del edificio en el Catálogo.
Por su parte, el Grupo Socialista en la Diputación presentará una moción para que “se paralice esta y se den explicaciones de qué es lo que está ocurriendo con la calificación del edificio”. Y en el Ayuntamiento, el PSOE votará en contra en el pleno a ese cambio en el Catálogo, además de presentar una interpelación para el próximo pleno.
