El Ministerio del Interior refleja en sus estadísticas referidas al año 2024 que en el conjunto de España se produjeron 16.426 casos de okupación de viviendas, un 7,4% más que en el ejercicio previo, cuando se registraron 15.289, según se hace eco el portal inmobiliario idealista, que refleja que la provincia de Sevilla es la quinta en este tipo de delitos, con 506 casos.

Se trata de la tercera cifra más elevada de la serie histórica que arrancó en 2010, solo superada por las registradas en 2021 (17.274) y 2022 (16.765), y supone la vuelta a la tendencia al alza tras dos años consecutivos de descensos.

Estos números incluyen datos de denuncias registradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, y policías autonómicas y locales, pero no contabilizan los casos que se resuelven de manera extrajudicial (bien sea a través de un pago económico o de una empresa de desokupación); y dejan un promedio diario de 45 okupaciones ilegales de viviendas en España, con Cataluña como la comunidad con mayor volumen de casos. Y Barcelona como la provincia más afectada.

En concreto, la región catalana registró un total de 7.009 hechos de usurpación y allanamiento de morada en 2024, lo que representa el 42,6% del total nacional. Es decir, en esta autonomía se producen más de 42 de cada 100 delitos de estas características. 

A mucha distancia, las siguientes regiones con más casos son Andalucía (2.207), Comunidad Valenciana (1.767) y Madrid (1.451). Un escalón por debajo se encuentran Canarias (663), Castilla-La Mancha (538) y Baleares (514). 

Las demás autonomías ya registraron menos de medio millar de casos de usurpaciones y allanamientos de morada durante el pasado ejercicio, siendo Navarra (96), La Rioja (65) y las ciudades de Ceuta (14) y Melilla (11) las últimas del ranking nacional. 

Por tanto, el dato que registra Cataluña prácticamente iguala a la suma de las siguientes seis CCAA con más casos: Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Canarias, Castilla-La Mancha y Baleares aglutinan 7.140 casos, frente a los 7.009 catalanes. Además, y mientras que en el conjunto de España el dato de 2024 es el tercero más alto de la serie histórica de la Cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska Gómez, en Cataluña se trata del segundo más elevado, solo superado por el de 2021 (7.345), tras repuntar un 12% interanual (frente al 7,4% nacional). 

Si se miran los datos por provincias, Barcelona lidera de largo el ranking nacional. De hecho, esta provincia aglutina el 30,9% del total de España, con 5.077 casos en 2024. Respecto a los 12 meses anteriores, el alza es del 10%, por encima del promedio nacional. 

Las siguientes provincias con más usurpaciones y allanamientos de morada contabilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son Madrid (1.451), Girona (940), Valencia (876), Tarragona (785), Alicante (687), Baleares (514), Sevilla (506), Murcia (479), Málaga (451) y Cádiz (400). 

Hasta 24 provincias registraron menos de un centenar de casos en 2024, con Álava, Ceuta, Palencia, Zamora, Melilla, Teruel y Soria a la cola del ranking nacional. Son las únicas en las que se contabilizaron menos de una veintena de casos durante el año pasado. 

Otra de las lecturas que se extrae de los datos anuales del Ministerio del Interior es que, aunque el volumen de hechos de usurpaciones y allanamientos de morada se encuentran por debajo de los máximos de la serie de 2021, sí ha batido récord el número de investigados y detenidos por estos delitos.

Tal y como consta en el Portal Estadístico de Criminalidad, durante el año pasado el dato se elevó hasta 11.133 personas. Es la primera vez que se superan las 11.000 investigaciones y detenciones por okupación de viviendas en España en la serie histórica. Respecto al ejercicio previo, la subida es del 17,7%, mientras que el alza respecto a los anteriores récords de 2020 y 2021, cuando se contabilizaron alrededor de 10.030 investigaciones y detenciones, ronda el 11%.

Tanto los datos del Ministerio del Interior como del CGPJ vienen a confirmar la afirmación categórica de los expertos de que las okupaciones de viviendas no están bajando en España, sino subiendo. Sobre todo, ponen el foco en la inquiokupación, que abarca a aquellos inquilinos que han dejado de pagar la renta de forma voluntaria y premeditada y que no entran dentro de las estadísticas oficiales de denuncias. 

A las cifras oficiales de denuncias ante las Fuerzas de Seguridad y de las demandas en los juzgados, habría que sumar aquellos casos que no se denuncian. Según los expertos jurídicos consultados por idealista/news, cada vez más propietarios afectados por una okupación ilegal optan por vías alternativas para recuperar lo antes posible la posesión de sus inmuebles, ya sea a través de la negociación y el pago a los okupas o contratando empresas especializadas en desalojos. 

Y es que conviene recordar que el plazo medio para que haya una sentencia que avale el desahucio está en máximos históricos, con casi 24 meses de media en España, sumando la primera instancia y los posibles recursos de apelación en las Audiencias Provinciales. De ahí que, en muchas ocasiones, se busquen caminos alternativos para recuperar las propiedades en el plazo temporal más breve posible.