Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han reaccionado mayoritariamente criticando con dureza el acuerdo de PSOE y Junts en materia migratoria y de control de fronteras, poniendo el foco en la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al denunciar que se trata de una "cesión ilegal" de competencias exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Las principales organizaciones policiales han rechazado de plano el anuncio de PSOE y Junts de registrar en el Congreso una proposición de ley orgánica para la delegación de competencias --vía artículo 150.2 de la Constitución-- en materia de inmigración a Cataluña, que incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada.
El pacto entre socialistas e independentistas catalanes también llevará a los Mossos d'Esquadra a cogestionar con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas. Para ello, la Policía catalana estará en frontera y actuará para hacer cumplir la ley en cooperación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Además, Cataluña se configurará como "ventanilla única" en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; así como expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español. También se incrementará el número de Mossos en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.
Tras el acuerdo PSOE-Junts, el Ministerio del Interior no ha realizado ninguna valoración. Fuentes de este departamento han informado de que el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, ha suspendido temporalmente su agenda por un problema de salud que no reviste gravedad, lo que ha motivado que sea el secretario de Estado el que participe en la reunión de ministros europeos que se celebra en Bruselas este miércoles.
ATROPELLO Y ESCANDALOSA TRANSFERENCIA
En un comunicado, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha avisado que "plantarán cara al Gobierno para impedir que lleve a cabo la escandalosa e ilegal transferencia de competencias a favor de los Mossos d'Esquadra".
"No se va a ceder ni un milímetro en la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan y voten a quien voten", ha continuado el SUP, que considera un "atropello" que se siga la hoja de ruta que marca el partido de Carles Puigdemont, ya que "vulnera todas las leyes en materia de seguridad".
"Si hay que sentar en el banquillo a estos líderes políticos para salvaguardar un derecho tan esencial como el de la seguridad pública, lo haremos; estamos decididos a llevar este asunto hasta el final", enfatizan desde el SUP.
En otro comunicado, el sindicato Justicia Policial (Jupol) ha denunciado la "cesión ilegal" de competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña y ha exigido al mismo tiempo la dimisión de Marlaska "si se atenta contra las competencias de la Policía Nacional".
El sindicato considera "inaceptable" que el Gobierno, "con la complicidad" del ministro, siga "regalando" competencias fundamentales del Estado "a cambio de favores políticos". "Este Ejecutivo ha decidido traicionar a los servidores públicos y ceder ante los chantajes de los independentistas, poniendo en grave peligro la seguridad y la soberanía nacional", critica.
Según Jupol, se trata de una "maniobra para erradicar" a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Cataluña y cree que un traspaso supone un "ataque directo" a la labor y una "rendición vergonzosa ante el separatismo".
En este sentido, el sindicato policial avanza que sus servicio jurídicos van a estudiar todas las vías legales para "frenar esta cesión ilegal". Asimismo, solicitan explicaciones a Marlaska y su dimisión por su "absoluta incapacidad" para defender a los cuerpos de seguridad del Estado.
FUNCIONES ESENCIALES DEL ESTADO
Desde la Guardia Civil, AUGC ha denunciado también el acuerdo con Junts. "La seguridad no puede ser moneda de cambio en pactos políticos ni puede ponerse en riesgo la unidad de acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un ámbito tan sensible como la inmigración", han apuntado en un comunicado remitido a Europa Press.
"Recordamos que el control de las fronteras, la gestión de los flujos migratorios y la lucha contra la inmigración irregular son funciones esenciales del Estado que no pueden ser objeto de mercadeo político", añaden desde AUGC, que defiende que la competencia en materia de inmigración "está encomendada a la Policía Nacional y la Guardia Civil".
Para el sindicato de la Policía CEP el acuerdo "constituye un golpe mortal" para los cometidos que desarrollan en Cataluña y sitúa al ministro Fernando Grande-Marlaska "como el primero de los quince titulares de ese departamento que va a tener el dudoso honor de tolerar la ruptura de un consenso mantenido durante casi medio siglo por los sucesivos Gobiernos de nuestra democracia".
"Debería presentar su dimisión hoy mismo, ha sido incapaz de frenar esta nueva embestida del independentismo catalán hacia las competencias exclusivas de nuestro Cuerpo", ha añadido la CEP, que ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez se someta a un "permanente chantaje competencial".
"Debería dimitir por dignidad y coherencia; pero no lo hará. Debería dimitir para demostrar liderazgo frente a los policías nacionales y guardias civiles; pero no lo hará", ha insistido CEP.
