La Plataforma Huelva Contra el Ruido, que asegura representar a más del 90% de las asociaciones vecinales de la ciudad, ha presentado un total de 27 alegaciones al texto de la nueva Ordenanza de Terrazas y Veladores de los Establecimientos de Hostelería, Ocio y Esparcimiento.
Desde su constitución en mayo de 2024, “la plataforma ha trabajado en la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, en especial el derecho al descanso, la protección de la salud, la accesibilidad segura en el espacio público y la lucha contra la contaminación acústica y medioambiental”, han indicado en un comunicado.
El colectivo expresa su preocupación ante un texto normativo que, a su juicio, “no garantiza el equilibrio entre el derecho de los ciudadanos y los intereses del sector hostelero”.
Entre sus principales demandas, destaca la exigencia de que “la Administración local refuerce los mecanismos de control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la norma”, dotando a la Policía y a los inspectores municipales de los recursos materiales y humanos necesarios.
Asimismo, la plataforma solicita que el texto de la ordenanza sustituya términos ambiguos y expresiones de carácter facultativo, como el uso reiterado del verbo “podrá” en lugar de “deberá”, para “evitar inseguridad jurídica y discrecionalidad en su aplicación”.
Otra de sus principales reivindicaciones es la prohibición del uso de equipos de sonido y la realización de actuaciones en directo en terrazas ubicadas en zonas residenciales o acústicamente saturadas, “con el objetivo de proteger el derecho al descanso y la intimidad de los vecinos”.
Además, piden que la concesión y renovación de licencias no se limite a la presentación de una declaración responsable por parte del empresario, sino que “los servicios técnicos municipales realicen inspecciones periódicas que verifiquen el cumplimiento de los requisitos exigidos”.
La plataforma también considera necesario que la superficie de las terrazas se establezca en función de la del establecimiento al que pertenecen, y no solo a petición del solicitante, “para evitar la ocupación excesiva del espacio público”.
Otro de los puntos clave de sus alegaciones es “la necesidad de endurecer las sanciones y aumentar su cuantía para equipararlas a las de otras ciudades andaluzas, como Sevilla, además de actualizar su importe anualmente según la evolución del coste de la vida”.
