Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz que fue asesinado en Níjar (Almería) y cuya desaparición movilizó a la sociedad durante varias semanas, ha mostrado su apoyo a Ruth Ortiz, la madre de los pequeños Ruth y José, tras haberse conseguido que la editorial Anagrama haya suspendido la distribución del libro 'El odio', de Luisgé Martín.
"No podemos dar voz de ninguna manera a un asesino", ha trasladado Ramírez en un mensaje a través de su perfil en la red social 'X', en la que ha hecho un llamamiento para unirse y "exigir un stop definitivo" a la publicación que recoge el testimonio del padre de los menores, condenado en 2013 a 40 años de cárcel por el doble asesinato.
Ramírez, quien en los últimos años ha mostrado su activismo a favor de protección de la imagen de las víctimas de crímenes violentos, especialmente cuando se trata de menores, ha hecho un llamamiento para solicitar que el libro se pare "para siempre" y no solo de manera "temporal" por parte de la editorial, a la que la Ruth Ortiz remitió un burofax.
El volumen iba a ser publicado el 26 de marzo, si bien la editorial ha paralizado las acciones a la espera del resultado de los análisis de sus servicios jurídicos toda vez que la Fiscalía de Córdoba también ha intervenido mediante un oficio a la Fiscalía de Barcelona. Por su parte, el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) también acudió a la Fiscalía.
Patricia Ramírez ya consiguió, por su parte, paralizar la producción y emisión de un documental para una plataforma audiovisual sobre el caso de su hijo para el que, según los datos con los que contaban, se habían producido entrevistas en la prisión de Brieva (Ávila) Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del menor.
No obstante, para conseguir su objetivo volvió a exponerse nuevamente ante los medios, ante los que ofreció ruedas de prensa, y convocó una manifestación por las calles de Almería para reclamar amparo a los poderes públicos. También compareció ante la Comisión de Interior del Senado a petición propia para dar cuentas de las "irregularidades" que se habían cometido en el interior del centro penitenciario.
Desde entonces, ha participado en foros y espacios de opinión para fomentar la protección de las víctimas y evitar que sufran "más dolor" mediante la producción de determinados proyectos de 'true crimen' que, según ha defendido, pueden vulnerar derechos fundamentales o explotar de manera "inadecuada" determinados casos solo por lucro.