Al parecer el principal problema radica en que ninguno de los alcaldes socialistas que deben presidirla - al haber obtenido este partido la mayoría- está dispuesto a dar un paso al frente y coger las riendas de una entidad que ya cuestionó hace cuatro años sus fines de cara a su supervivencia como órgano gestor de diversos programas formativos que dependen directamente de la Consejería de Empleo y de los fondos procedentes de la Unión Europea. Hasta el momento se escuchan algunos nombres que podrían encabezar la presidencia como el del alcalde de Las Cabezas, Francisco José Toajas, quien se ha convertido en el interlocutor con los trabajadores, o la alcaldesa de Lebrija, María José Fernández, quien al parecer no estaría dispuesta a dar ese paso. Lo cierto es que el presidente en funciones de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, Antonio Maestre, quien ya ni siquiera es alcalde de Las Cabezas, anunció hace algunas semanas el compromiso de constituir el organismo antes de fin de año. Una promesa que no se ha cumplido y por la que los trabajadores han comenzado a estudiar si se estaría incurriendo en algún tipo de delito por la dilación a la hora de formalizar la nueva dirección de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir. Además, Maestre habría renunciado a continuar firmando documentos relativos al organismo, por lo que también están en el aire las justificaciones de los programas para que lleguen más fondos o solicitar otras subvenciones de cuyos fondos depende la supervivencia de la Mancomunidad.
A esta situación de desgobierno hay que añadir el complicado panorama económico del organismo, de cuyas presuntas irregularidades alertaba en 2009 un informe de la Cámara de Cuentas. Ni los presupuestos ni la liquidación de las cuentas de la entidad se aprobaban desde el año 2003 y muchos eran los municipios que arrastraban deudas con el organismo, por lo que se solicitó un préstamo de ocho millones de euros para poder “sanear” en parte la situación económica de la Mancomunidad. Sin embargo, a día de hoy los problemas de impagos de nóminas a los trabajadores cuestionan la idoneidad del organismo, que además de gestionar los residuos urbanos en algunos municipios integrados, se encarga de gestionar programas de la Consejería de Empleo con fondos procedentes de la Unión Europea y que cada vez son menos cuantiosos.
DISOLUCIÓN
Con todo, resuelto el escollo de la constitución - que tendrá que producirse antes o después, el segundo ‘marrón’ al que tendrán que enfrentarse los once alcaldes de los municipios miembros será el de analizar la situación real de la Mancomunidad y adoptar medidas encaminadas a su viabilidad. Sin embargo, muchas son las voces que señalan el fin de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir como tal, optando bien por la disolución del organismo o por la separación en dos del mismo, quedando separados así los municipios pertenecientes a las provincias de Cádiz y de Sevilla, intentando que la entidad aglutine a aquellas localidades que guardan más semejanzas, un aspecto que no ocurre actualmente. No obstante, de decantarse por la disolución, se plantearían dos problemas. Por un lado, el del personal fijo de la Mancomunidad, unas 17 personas que deberían ser absorbidas por los ayuntamientos, lo que tendría que estudiarse debido a la delicada situación económica de las Administraciones locales y al primer decreto de medidas económicas puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy, que elimina las nuevas contrataciones en las administraciones. Por otro lado, munícipes como la socialista Irene García, en el caso de Sanlúcar, ya adelantó que habría que estudiar la posibilidad de que los municipios recuperaran la inversión que habían estado realizando durante estos años en la Mancomunidad.
Además, otras voces se decantan por la posibilidad de que sean los propios ayuntamientos los que gestionen directamente los programas formativos y estudiar las fórmulas para el resto de servicios que presta Mancomunidad, como es en el caso de Sanlúcar la gestión de determinados residuos como el papel o el vidrio.
En los últimos meses, a raíz de las protestas protagonizadas por los empleados de la Mancomunidad, varios han sido los alcaldes de la provincia de Cádiz que se han posicionado sobre la situación del ente. En primer lugar, el alcalde de Trebujena, Manuel Cárdenas, solicitó en mayo del año pasado que tanto su municipio como el resto de gaditanos -esto es, Chipiona, Rota y Sanlúcar- abandonaran el Bajo Guadalquivir. Desde Izquierda Unida el posicionamiento es claro, toda vez que entienden que la labor que realizan los trabajadores de Mancomunidad podría ser asumible por parte de cada uno de los ayuntamientos. En el caso del popular Antonio Peña (Chipiona), ha llegado a solicitar por escrito al presidente en funciones, Antonio Maestre, que se disponga de lo necesario para que se proceda a la constitución del Pleno en el menor tiempo posible “para evitar la inestabilidad que está sufriendo” la Mancomunidad, sobre todo en base a la situación de los trabajadores y poniendo de manifiesto el problema de continuidad de los programas existentes y de los nuevos que debieran aprobarse. En el caso de Sanlúcar, su alcaldesa no se plantea abandonar la Mancomunidad sin antes estudiar la inversión municipal. “No puedo irme pagando lo que debo pero no recuperando lo que es mío”, explicó hace algunos meses. En este aspecto, Sanlúcar aboga por redefinir los estatutos de la entidad y una carta de servicios que realmente sean los que el Ayuntamiento necesite.
