El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha advertido este miércoles de que los ayuntamientos que no retiren los símbolos franquistas que aún permanecen en sus municipios serán sancionados y no recibirán subvenciones por parte del Gobierno andaluz.
En respuesta a una pregunta oral formulada por IULV-CA en comisión parlamentaria, Valderas ha considerado "injustificable" que aún permanezcan símbolos franquistas en algunas localidades, "30 años después de que se haya implantado la democracia", y ha asegurado que el Gobierno andaluz velará por que se cumpla la ley.
De otro lado, ha subrayado que, a través de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que tras los trámites preceptivos verá la luz antes del verano de 2013, la Administración andaluza pretende ser garante de la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, no permaneciendo "impasible" ante los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra tierra durante la Dictadura.
Asimismo, ha señalado que la Junta se presentará como denunciante en los casos que se estimen necesarios para la salvaguarda de los derechos individuales y colectivos de los andaluces y las andaluzas, tal y como refleja el artículo 9 del Estatuto de Autonomía, cumpliendo así los objetivos de la norma básica (Ley de Amnistía de 1977 y Ley 52/2007 de Memoria Histórica).
Valderas ha informado a la comisión que este nuevo texto legal tiene como objetivos, entre otros, lograr el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura; la colaboración de las Administraciones Públicas con los particulares y entidades sin ánimo de lucro para la localización e identificación de víctimas; el facilitar las autorizaciones administrativas para actividades de localización e identificación; el acceso a terrenos afectados por trabajos de localización e identificación y la retirada de símbolos, escudos y monumentos públicos que hagan referencia al antiguo régimen.
El vicepresidente ha resaltado la importancia de contar con las opiniones y recomendaciones de los distintos agentes sociales a la hora de elaborar el nuevo texto normativo, y ha destacado que "la socialización de la propuesta de esta Consejería es fundamental para su elaboración". En este orden de cosas, ha comentado que ya se han celebrado reuniones con las asociaciones memorialistas de Almería, Córdoba, Granada Huelva, Sevilla y Málaga, y que en los próximos días se mantendrán encuentros con las de Jaén y Cádiz.
Asimismo, ha comentado, que "con el fin de conseguir el máximo consenso social" se ha iniciado un proceso de consultas, en el que ya se ha trasladado la propuesta legislativa a las reuniones mantenidas con los grupos parlamentarios del PSOE-A e IULV-CA, quedando pendiente la del PP-A.
De igual modo, se han mantenido reuniones con el Defensor del Pueblo, el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con las Universidades de Sevilla y Granada y con las Fundaciones de Estudios de las diferentes fuerzas sindicales. El trabajo que se viene desarollando es muy positivo "va muy bien" y "continuará" en los próximos meses, ha concluido.
