El jefe de la Policía Judicial sevillana ha asegurado que no se encontraron “datos objetivos” para probar la acusación que hizo el exdirectivo de Mercasevilla Fernando Mellet al culpar al exdelegado de Empleo Antonio Rivas de ser el artífice de la petición de una comisión ilegal de 300.000 euros.
Durante su intervención como testigo en el juicio por las comisiones de Mercasevilla, el agente ha señalado que tuvo la impresión de que Mellet, en la que fue su primera declaración como imputado, fue “absolutamente sincero”, pero que le sorprendió que nombrara a Rivas y “no ofreciera ningún otro dato”.

“Estoy convencido de que Mellet en aquel momento decía la verdad, pero da un nombre y no aporta absolutamente nada”, ha añadido el policía, quien ha confirmado que el exdirectivo acusó a Rivas de pedir esta “mordida” por la subvención.

Ha señalado que en ese testimonio Mellet dijo que “la idea” de pedir esas comisiones había sido de Rivas y que “insinuó” que habían mantenido algunas conversaciones telefónicas para la tramitación de los expedientes en los que se pedían estos pagos.

Ha asegurado que Mellet dijo que Rivas hizo la petición de comisión a empresarios de La Raza para otorgar la subvención para la Escuela de Hostelería en varias llamadas, una de ellas el día anterior a Reyes, y que se mostró “tajante” en ese sentido.

Según ha dicho, en un principio pensaron que lo que se oía en la cinta que grabaron los empresarios se trataba de un delito de estafa, aunque posteriormente, fruto del seguimiento de las investigaciones pensó que era una negociación y un “acuerdo de voluntades”, aunque no se pudo comprobar este extremo.

En este sentido, ha indicado que tras un primer análisis de la cinta y en el proceso de dos años más de investigación se recibió posteriormente información de otras fuentes “que pudieron llevar a otra interpretación” de los hechos, con el “convencimiento de que se trataba de un acuerdo”, pero que eso no pudo ser corroborado, además de que la investigación ya había pasado al ámbito judicial.

El policía ha asegurado además que desconoce si las llamadas para tratar el asunto las hizo Rivas a Mellet o fue al revés, ya que no lo investigaron porque para pedir el registro hay que tener un mandamiento judicial basado en “argumentos sólidos” que no tenían.
Asimismo, ha señalado que Rivas negaba tener ningún tipo de participación en este asunto y que Daniel Ponce también dijo en su primera declaración como imputado que su jefe, en referencia a Mellet, le había dicho que era “un encargo” del exdelegado de Empleo.

 

Ponce se desmayó
Ponce, que sufrió un desmayo tras escuchar la cinta grabada, dijo en su declaración que cuando Mellet le planteó el asunto le dijo que ya estaba “pactado” y hablado con la Junta y los empresarios, según el jefe policial.

Sin presiones
En la sesión también han comparecido los ex directores generales de Formación para el Empleo de la Junta Juan Manuel Fuentes Doblado y María Josefa Lara, que han negado que recibieran presiones de Rivas para conceder la subvención de 900.000 euros a la Escuela de Hostelería.
Fuentes Doblado ha dicho que, por su experiencia en subvenciones anteriores, entendió que esa cifra era “correcta” para una solicitud de equipamiento y ha asegurado que el interés de Rivas era meramente el de dar cumplimiento a un protocolo de actuación que había firmado el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, del que además ha dicho que no recibió ordenes para tramitar la subvención.

Por su parte, Lara ha afirmado que no supo de instrucciones de Fernández a Rivas para llevar a cabo la comisión, y que este último no tenía nada que ver con la tramitación de los expedientes porque era competencia exclusiva de la Dirección General de Formación para el Empleo.
El juez Ángel Márquez ha admitido la incorporación de tres presupuestos, aportados por el PP, sobre la subvención de 900.000 euros para la Escuela de Hostelería, pero ha rechazado la incorporación de una funcionaria sobre los gastos de infraestructuras.

Confirman el despido de la funcionaria imputada

Un juzgado Social de Sevilla ha declarado procedente el despido de Regla Pereira, la funcionaria que está siendo juzgada por la petición de comisiones en Mercasevilla, dado que su imputación penal es causa de pérdida de confianza.

Pereira, que trabajaba en Mercasevilla desde el 2003, fue objeto de un despido disciplinario en noviembre del 2011 por falta muy grave, derivada de su imputación en este caso.

El juzgado Social 4 de Sevilla, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, dice que “con independencia de lo que se decida en la causa penal, haya pronunciamiento condenatorio o se absuelva”, los hechos imputados evidencian la pérdida de confianza de la empresa, extremo que se mantendría incluso en el caso de que la sentencia fuese absolutoria.