El Parlamento convalida el Decreto-ley que refuerza la protección del litoral para potenciar crecimientos sostenibles

El Parlamento de Andalucía ha convalidado hoy el Decreto-ley de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral, aprobado por el Consejo de Gobierno el 27 de noviembre. El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha calificado la nueva norma como un “avance muy importante” para la consolidación de uno de los principales objetivos del Gobierno andaluz, la ordenación del litoral, que implica compatibilizar la conservación de esta zona caracterizada por su fragilidad ambiental con el desarrollo sostenible de las actividades urbanas y turísticas.

Planas ha explicado durante su intervención en la Cámara que este Decreto-ley pretende adecuar el planeamiento a las necesidades reales con dos objetivos fundamentales, ordenar y preservar las zonas más próximas a la costa que no se consideren necesarias para el crecimiento urbano, a través del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía; y establecer plazos para que los municipios revisen su planeamiento urbanístico adecuándolo al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

Así, la nueva norma asegurará un crecimiento urbanístico acorde a las condiciones de sostenibilidad que recoge la normativa andaluza y que marcan las directrices europeas. El consejero ha reiterado que se trata de una “medida de carácter positivo que no pretende limitar ningún desarrollo, sino garantizar un crecimiento ordenado y sostenible de unos suelos que son insustituibles y que hoy por hoy son un activo de primera magnitud para un desarrollo urbano y turístico basado en la calidad y el valor diferencial”. 

En este sentido, ha aclarado que este Decreto-ley “no va a suspender la actividad urbanística prevista actualmente en la primera línea costera”, en la que existen más de 30 millones de metros cuadrados en sectores de suelo urbanizable ordenado dispuesto para su inmediata urbanización, con capacidad para la construcción de 40.000 viviendas.

Reforzar la protección del litoral

En cuanto al Plan de protección de la franja costera, cuya formulación está prevista para enero, el representante del Gobierno andaluz ha anunciado que será elaborado por una Comisión en la que estarán representadas todas las administraciones competentes en el ámbito, Junta, Gobierno y ayuntamientos.

Según Planas, este nuevo instrumento de planificación territorial tiene como objetivo mejorar la calidad de las zonas costeras, en el entendimiento de que “así se están sentando las bases para un desarrollo económico sostenible a medio y largo plazo”. En este sentido, contribuirá de forma efectiva a “potenciar la competitividad de Andalucía como destino turístico”. Su ámbito de actuación será la franja de los primeros 500 metros de la zona de influencia del litoral y aquellas otras zonas que sean necesarias para garantizar los objetivos de protección que se establezcan, excluyendo las zonas contiguas a las márgenes de los ríos, en los 62 municipios costeros.

Para garantizar la efectividad del Plan, el Decreto-ley establece medidas cautelares que suponen la suspensión “exclusivamente” de la aprobación de nuevo planeamiento de desarrollo de los suelos urbanizables, es decir, suelos que llevan “dormidos” al menos seis años, y la mayoría más de 15 años, “pudiendo seguir el resto de la actividad urbanística con normalidad”.

La repercusión de esta medida cautelar, que incluye solo a los municipios que no tienen adaptado su planeamiento al POTA, será mínima, ya que afectará al ámbito del Plan sólo durante los primeros seis meses desde su formulación y se mantendrá hasta su aprobación exclusivamente en los suelos afectados directamente por las determinaciones del Plan, identificados expresamente en el documento que salga a información pública. En todo caso, el plazo máximo de vigencia de la suspensión no puede exceder de dos años.

De los 62 municipios costeros andaluces existentes, 52 no se han adaptado al POTA. De ellos, 11 en Almería, 11 en Cádiz, 9 en Granada, 10 en Huelva y 11 en Málaga.

Revisión del planeamiento urbanístico

El consejero Luis Planas ha informado también de que pese a que el POTA se aprobó hace seis años, sólo el 11 por ciento de los municipios andaluces han adaptado sus planes recogiendo las limitaciones al crecimiento urbanístico establecidas por el mismo. El resto de los planes, en muchos casos elaborados en las décadas de los 80 y 90, siguen anclados en modelos de ciudad expansivos y obsoletos, por lo que el otro objetivo del Decreto-ley es incentivar la revisión del planeamiento urbanístico. Para ello, la nueva normativa contempla la obligatoriedad de adaptarlo según el plazo fijado en el plan vigente o, en caso de que este plazo no se hubiera establecido, en un máximo de 8 años desde su entrada en vigor.

De esta forma, además de garantizar un crecimiento sostenible y ordenado, “evitaremos situaciones de desigualdad tan obvias como injustas respecto a los municipios que sí lo han hecho y que, por tanto, tienen limitado su crecimiento”, ha subrayado Planas. La no adaptación por parte de los ayuntamientos supondrá la aplicación directa de los límites de crecimiento establecidos en el POTA, con la imposibilidad de aprobar instrumentos de planeamiento cuando se superen dichos límites.

Por último, el consejero ha destacado que el Decreto-ley también prevé facilitar la tramitación de los informes sectoriales necesarios por parte de los municipios para agilizar la revisión de sus planes. En este sentido, se establece un plazo único de tres meses -actualmente el plazo oscila entre uno y seis meses- para la emisión de los informes preceptivos sectoriales por parte de la Administración autonómica.

Con ello, la nueva norma permitirá la puesta en marcha de forma inmediata del órgano colegiado que actuará en cada provincia como ‘ventanilla única’ para facilitar a los ayuntamientos la tramitación de estos informes sectoriales, que hasta ahora han emitido por separado las diferentes consejerías de la Junta. Esta medida permitirá acortar los plazos de respuesta a los municipios y reforzará la colaboración técnica entre las administraciones autonómica y local en relación con las incidencias que pueden plantearse durante el proceso de elaboración de estos informes.