El exdelegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla Antonio Rivas, imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha presentado un escrito ante la juez Mercedes Alaya en el que se queja de que lleva más de 800 días imputado sin que, hasta el momento, la magistrada le haya tomado declaración.
En un escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Antonio Rivas explica que su cliente fue imputado el día 20 de enero de 2011, por lo que a la fecha de presentación de este escrito --día 2 de abril-- "lleva imputado en esta causa 804 días" sin que hasta el momento haya prestado declaración en tal condición.
A juicio del letrado, Jon Ander Sánchez, ello "no es admisible en un Estado que se autodenomina de Derecho", mientras que tampoco "es admisible" que, "a pesar de haber transcurrido 22 meses desde la formulación del recurso frente al auto en el que por primera vez se concretaba su imputación, la Audiencia Provincial aún no ha resuelto nada en relación con dicha apelación".
"No es admisible tampoco que se resuelva 14 meses después de su interposición un recurso de reforma frente al auto en el que se dice extender su imputación", auto que fue confirmado el pasado día 7 de marzo por la juez Alaya, que concluyó que Rivas tenía "un papel activo, al margen de sus funciones como autoridad laboral competente", y en su condición de exdelegado provincial de Empleo, en el caso ERE.
Según asevera el abogado, la magistrada le atribuye "un total y absoluto conocimiento" de cuestiones que "en absoluto pueden considerarse probadas o acreditadas ni tan siquiera indiciariamente, como se afirma por la juez, constituyendo meras conjeturas o suposiciones que de ningún modo justifican el mantenimiento 'sine die' de la posición jurídica de imputado" en la que se encuentra "desde hace ya más de dos años y dos meses".
El abogado de Rivas aprovecha igualmente el escrito para criticar que "un ejemplo más de la irregularidad en la tramitación" de las diligencias previas de este caso "es que, tras haberse decretado por cuarta vez la ampliación del secreto parcial del sumario, llevando ya cinco meses en esta excepcional situación, se conozca a través de los medios de comunicación el seguimiento de lo que el Juzgado y la Guardia Civil están haciendo".
"PORTILLO DE ENTRADA"
A lo anterior "se une que distintas apariciones en prensa de representantes políticos, indicando actuaciones que se iban a realizar próximamente por el Juzgado, se han visto posteriormente ratificadas en la práctica, lo que sugiere la existencia de flujos de información a favor de determinadas acusaciones distintas del Ministerio Fiscal", según dice el letrado de Rivas.
En un auto dictado el pasado día 7 de marzo, la juez considera que el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla "se constituye en el portillo de entrada de la concesión irregular de las subvenciones en la Junta, de este dispendio presuntamente generalizado y descontrolado que se ha producido desde la Administración autonómica".
El pasado mes de noviembre, Rivas ya fue condenado al pago de una multa de 600.000 euros y 21 meses de inhabilitación para empleo o cargo público por su participación en la solicitud de una 'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de la lonja, que había sido subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo.
