La organización sindical CSI-F ha confirmado el inicio de un procedimiento judicial contencioso-administrativo contra la Junta de Andalucía para reclamar la restitución de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, después de que las centrales ANPE, CCOO, CGT, CSI-F y FETE-UGT, a través de sus respectivos responsables en el sector de la educación pública andaluza, como representantes del profesorado e integrantes de la Plataforma Sindical de Empleados Públicos, entregaran en la Consejería hace casi un año un escrito conjunto solicitando este extremo.
Así lo ha indicado a Europa Press el presidente del Sector de Enseñanza de CSI-F en Andalucía, Francisco Hidalgo, en una actuación que se formalizará en los próximos días como resultado del "silencio administrativo" que la administración autonómica ha mantenido a este respecto.
En el escrito, presentado ante la administración andaluza como organismo pagador, se subrayaba la petición de que se acometiera la restitución de la paga extraordinaria "completa" o bien, de forma subsidiaria, de la parte correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de junio, cuando empieza a computar el plazo de la paga de diciembre, y el 15 de julio, fecha en la que entró en vigor el decreto que regulaba la supresión de esta cantidad.
La reclamación ante Educación era sólo un paso inicial y previo a que otros colectivos pertenecientes al sector de los empleados públicos andaluces, tales como sanitarios o trabajadores de la Justicia, hicieran lo propio ante sus respectivas sedes. También se incluían las universidades, aunque los sindicatos debían presentar la petición en cada institución académica al ser organismos "autónomos" en el abono de nóminas.
Los sindicatos subrayaban que la "arbitraria" medida del Gobierno de "sustraer" la paga extra de diciembre afecta a casi cien mil docentes andaluces. Entendían que no era recomendable emprender nuevas reclamaciones a título individual, ya que los reclamantes debían continuar con el procedimiento, yendo necesariamente a la vía judicial con los consiguientes gastos y la posibilidad de condena en costas.
