Escribiré hoy sobre algún asunto que me afecta personalmente en el ejercio de mi profesión de abogado. En primer lugar, sigue sorpendiéndome la forma en que se condena públicamente a personas que son citadas por el juzgado sin conocer realmente las causas y sin que por supuesto hayan sido juzgados en absoluto. Asistí la semana pasada a declaraciones en el famoso tema de los ERES y en concreto la de mi cliente duró muchas horas y pienso que dio una explicación absolutamente razonable de su actuación. Estoy convencido -no albergo la más mínima duda- de que mi cliente es inocente y se está destrozando su vida sin haber cometido ni por asomo delito alguno. No entiendo las medidas cautelares que se piden en un proceso que durará años y respecto de personas que no han tenido el más mínimo ánimo de lucro y por supuesto no se les atribuye ni indiciariamente enriquecimiento personal alguno. Pero es claro que podrá decirse que ésa es mi posición de abogado y que sostengo tal tesis porque efectivamente ejerzo como abogado en el asunto.
No se trata de debatir eso, sino de resaltar que cuando veo la noticia reflejada en los periódicos los comentarios que se remiten al mismo son en general solicitando que se ingrese a las personas en la cárcel aunque haya constancia de que no exista tal enriquecimiento y de que simplemente se ha producido una declaración, sin que hayan podido defenderse más allá cuando se está aún muy lejos de poner fin al proceso. Me gustaría una vez más romper una lanza por la presunción de inocencia y volver a clamar porque la misma se respete por todos y no se tenga a nadie por culpable hasta que efectivamente haya sido condenado tras el correspondiente proceso. Me temo que todas esas personas no harán tal cosa hasta que ellas mismas o su familia directa se vea involucrada en cualquier asunto penal, pero reitero que debemos creer en ese principio básico del Estado de Derecho y llevarlo realmente a la práctica, evitando condenar a personas que sencillamente luego resultan inocentes y a quienes puede ser dificil que se repare el daño causado.
Y por otro lado, me gustaría comentar brevemente algo sobre el tema de las cocheras del metrocentro, en que hace ya tiempo detallé algún extremo sobre un proceso que hemos llevado y llevamos como abogados y en el que desde un principio vimos claramente que se había vulnerado la legalidad y que se había forzado todo para abrir esas cocheras, aunque las mismas fueran realmente contrarias al planeamiento urbanístico en un lugar que el PGOU contemplaba como destinado a residencial en manzana. Todo ello con el enorme perjuicio que supone para los vecinos y con un proyecto que en mi opinión da muy poca utilidad y sin embargo causa numerosos problemas a la ciudad. Tras muchos años de esfuerzo ahora vemos que viene a reconecerse que sencillamente con tales cocheras se ha vulnerado el procedimiento legal y que habrá que adoptar las oportunas medidas para solucionarlo. Seguiré ahondando en ello próximamente, pero me gustaría adelantar que por una vez tengo esperanzas después de años en la respuesta que los actuales dirigentes políticos han comenzado a dar a esa problemática.
