La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, defendió ayer en el Parlamento que el realojo de parte de las familias de la Corrala Utopía fue “legal y justo”, motivado por la “urgencia social”, por lo que no atenta contra los derechos de los registrados en espera de vivienda, extremo que no sirvió para convencer al PP, que no sólo consideró culpables de esta situación de ilegalidad a la propia Cortés y a la presidenta de la Junta, sino que exigió una comisión de investigación en la que estén “todos los expedientes” porque “no hubo más criterios que los de la afinidad política”.
Con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, como espectador en su escaño en el Parlamento y sin intervenir, Cortés hizo un recorrido por la situación de “emergencia social y habitacional sin precedentes” para contextualizar el realojo provisional de las familias de la Corrala Utopía, que provocó la primera crisis de Gobierno, “discrepancias que ya están resueltas”, aseguró.
Cortés pretendió dejar claro la diferencia entre las adjudicaciones de vivienda y los realojos en situaciones de emergencia social en los que se basó para dictar una resolución que otorgaba las llaves de ocho de sus viviendas públicas a parte de estas familias, mientras que el resto serían evaluados por los servicios sociales comunitarios. “Ya es hora de que el Ayuntamiento actualice los informes”, espetaba la consejera, recordando que el 14 de abril lo solicitaron por escrito.
Según Cortés, “la adjudicación no tiene nada que ver con el realojo, no atenta contra los derechos de los registrados”, decía apoyada en el ejemplo del que espera una operación de rodilla pero ve atender antes a un enfermo de gravedad en Urgencias.
La consejera descargaba gran parte de la responsabilidad de lo ocurrido en la Delegación de Gobierno, que preside Carmen Crespo, al ordenar el desalojo el domingo cuando el viernes se había alcanzado un acuerdo con Ibercaja dentro de su programa de Llaves Solidarias. “Llamativo que la delegada los ponga en la calle sin asegurarse de que tuvieran una alternativa”, decía Cortés, declaraciones que han provocado que la propia Crespo exija que se retiren esas palabras del diario de sesiones argumentado que se hizo por orden judicial y evitando cualquier daño mayor.
La consejera, que no se olvidó de recordar las 500 viviendas vacías sin visar que tiene el Ayuntamiento y su ausencia en la toma de decisiones sobre la Corrala, sí que propuso un pacto institucional con los grandes ayuntamientos y con Diputaciones para acabar con el stock de VPO deshabitadas y sin visar en un año, unas 5.700 en toda Andalucía.
Comisión de investigación
La explicación no convenció al PP, cuyo portavoz, Carlos Rojas, lo primero que hizo fue agradecer a Zoido que mantuviera la legalidad, extremo que asegura no se cumple en este caso, plagado de “arbitrariedad y sectarismo”.
Rojas repartió responsabilidades a partes iguales entre la consejera, a la que acusó de actuar sólo por interés electoralista, y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ausente del debate y a la que acusó de amparar la legalidad con decretos de “ida y vuelta”.
Pidió Rojas conocer en una comisión de investigación todos los expedientes del caso, del que dijo que el único criterio había sido la afinidad política y que ha provocado indefensión, aunque ni PSOE ni IU la aceptarán. “Lo que pone enfermo al PP es que vamos a seguir gobernando”, le contestó Cortés.
