El caso es trincar. Nuevo e iluminado ayuntamiento, quiere unos euros por cada romero obligado a cruzar su término municipal. Para los peregrinos rocieros, posiblemente no suponga demasiado gasto extra. Pero no tienen por qué financiar a ese municipio del que no son vecinos. Además, no es el único cruzado por los romeros, lo que sí podría aumentar sensiblemente el costo de acudir a la romería. Como la “iluminación” se mantenga y algún ayuntamiento imponga la tasa, caerá en cascada, ya la legalizará luego el gobierno, como el aparcamiento, los obstáculos en la calzada o las bicis, entre otras. Que Doñana no tiene fuerza para desviar el paso de carretas a caminos menos dañinos, pero el Gobierno es especialista en implantar leyes para dar cobertura retroactiva a los ayuntamientos. Todo un espectacular ejercicio de cínica doble legislación, con que protegerse.

El “trinque” rociero -el nombre encaja a la nueva tasa- es el súmmum. El hábito hace al monje, la costumbre, el hábito creado por otras normas como la zona azul, porque sólo se pega lo malo. Porque el gobierno, siempre complaciente con cuanto sea cobrar, en vez de condenar una práctica fuera de la ley lo legalizó cuando ya muchos ayuntamientos lo habían impuesto. Magnífico acto de alegalidad por quienes deberían dar ejemplo. Ese es el ejemplo, el pobre ejemplo, ofrecido por la autoridad a una ciudadanía indefensa en su propio conformismo. Por algo quieren disminuir la formación académica, tan enemiga de las dictaduras, tanto reales como encubiertas.

Nuevas formas de recaudación que podrán ser legales, desde el momento en que son legalizadas, pero no deberían serlo. No debería serlo, por ejemplo, que una empresa pueda lucrarse con la inmovilización y el traslado de vehículos, algo muy cercano al chantaje, además de contradictorio, porque si el coche ocupara realmente un espacio indebido, al inmovilizarlo se prolonga esa situación. Pero la calle es de todos, por lo que sólo son indebidos el cepo y el secuestro en grúa. Sin embargo, las multas por dejar el coche cerca del domicilio son ejecutivas, porque el Gobierno, tan complaciente con el “trinque”, lo legalizó cuando ya era práctica habitual. Y las multas provocan indefensión, porque, una vez rechazado el “pliego de descargos” -con una circular standard, sin razonamiento alguno, como suele hacerse-, sólo queda el recurso contencioso-administrativo, que sale más caro que la propia multa y tiene otra: la disuasoria nueva “tasa Gallardín”.

Todo un tinglado del que quien ABUSA se aprovecha para ingresar millones a costa de quienes menos tienen, porque los potentados poseen garaje. Cumplir la Ley no debería afectar a las hechas expresamente para abusar; deberían quedar justa y automáticamente derogadas todas cuantas están basadas en la arbitrariedad. Pero eso exigiría un respeto a la Constitución, no existente por parte de la propia autoridad que debería ser la primera, aunque sólo fuera por dar ejemplo.

Pues, si, nos están dando ejemplo. Pero vaya ejemplo el que nos dan. Al menos, ante las contradictorias, el ciudadano debería tener opción a elegir la que más le beneficie, como hacen los que mandan.