El PSOE-A defenderá el jueves en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley de rechazo al anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por el Consejo de Ministros, en la que se insta a la Junta a demandar al Ejecutivo nacional el mantenimiento de los actuales partidos judiciales y juzgados de paz en Andalucía.

   En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, se aboga por un servicio público de justicia cercano, accesible y de proximidad que garantice el efectivo acceso al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.

   Se reclama el rechazo del Parlamento al anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por el Consejo de Ministros, por cuanto conlleva a la desaparición del modelo de partidos judiciales tal y como se conoce en la actualidad, y deteriora un servicio público esencial.

   En este sentido, se insta a la Junta a demandar al Gobierno central que se mantenga con carácter general la demarcación y planta vinculada a los territorios conformados por los partidos judiciales, dejando sin efecto la propuesta de centralización en las capitales de provincia que aleja a los ciudadanos de este servicio publico.

   También se pide al Ejecutivo andaluz que plantee al Gobierno el mantenimiento de los juzgados de paz para evitar el alejamiento y la concentración de la administración, contraria a los intereses de los ciudadanos; la derogación de la Ley de Tasas Judiciales que impide el acceso a la justicia de los ciudadanos en condiciones de igualdad, y que promueva el dialogo y consenso en las reformas que afecten al servicio publico de justicia con las fuerzas políticas, empleados públicos u operadores jurídicos, así como con las comunidades.

   Según el PSOE-A, la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial ha puesto de manifiesto la intención del Gobierno central de eliminar los actuales partidos judiciales y los juzgados de paz, consolidando la creación de esa estructura judicial que modifica de forma radical todo el mapa judicial, mediante la creación de los tribunales provinciales de instancia que conlleva abandonar la actual estructura de los partidos judiciales, con circunscripción provincial y sede en las respectivas capitales de provincia.

   En su opinión, se evidencia la voluntad recentralizadora del Gobierno central, eliminando los partidos judiciales y los juzgados de paz, con la idea de concentrar la justicia, lo que supone alejar al ciudadano de este servicio publico, especialmente en las zonas rurales, dificultando el acceso a la justicia de gran parte de la población y poniendo en riesgo, de este modo, la pervivencia de este servicio publico.

   Ha insistido en que la supresión de los partidos judiciales, y la concentración de los órganos jurisdiccionales en las capitales de provincia, tal como está planteado en el anteproyecto de ley, "supone un alejamiento de la administración de justicia respecto a los ciudadanos que habitan fundamentalmente en zonas rurales, y supone un obstáculo al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos".