El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, tiene constancia desde el pasado viernes, de su deber de investigar la denuncia presentada por Pacma sobre el “poblado de zulos de perros” que existe en Guadiaro y en el que habría más de un centenar de animales en situación de maltrato y hacinamiento.
Según un escrito de la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior, dependiente de la Junta de Andalucía, al que ha tenido acceso VIVA, el Delegado del Gobierno en Cádiz ha pedido al primer edil sanroqueño “que proceda a la inspección y en caso de constatarse el supuesto de hecho habilitante, se proceda a la retención temporal de los animales, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 y 33.1 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales”.
El escrito remitido desde la Delegación de la Junta en Cádiz, y que presumiblemente llegó ayer al Registro de Entrada del Ayuntamiento, se adelantó por fax el pasado viernes. Por tanto, Juan Carlos Ruiz Boix tendría constancia desde la semana pasada de su deber de investigar el maltrato a los perros, pertenecientes a una sociedad de caza.
Parcela municipal
Tal y como avanzó ayer VIVA, ese “poblado de zulos” se encuentra situado en un terreno público, de propiedad municipal, y en el que Emroque (Empresa Municipal de la Vivienda) tiene proyectado construir 450 viviendas.
Corresponde, por tanto, al Ayuntamiento la responsabilidad de cuanto acontezca en el lugar. Más ahora que desde la Junta se le exige una investigación, respondiendo a la demanda presentada por Pacma que localizó en ese terreno de Guadiaro más de un centenar de canes “hacinados”, mal alimentados, entre barrotes oxidados y casi sin luz natural.
Ordenanza municipal
Según la Ordenanza Municipal de Protección, Tenencia y Circulación de Animales, en caso de infracciones graves o muy graves, el Ayuntamiento podrá adoptar varias medidas, como la” retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en el centro designado por el Ayuntamiento”; “la suspensión temporal de autorizaciones”; y “la clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos”.
Esa Ordenanza, aprobada siendo ya alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, establece una serie de sanciones económicas que van, desde los 501 a 2.000 euros de las infracciones graves, hasta los 30.000 euros de las muy graves.
Quién determina el maltrato
Según han confirmado a VIVA fuentes de la Guardia Civil, a día de hoy no hay denuncia alguna presentada en las dependencias de San Roque.
Señalan que el Seprona puede realizar labores de vigilancia pero que, no obstante, quien debe determinar si existe o no maltrato, debe ser un técnico del Ayuntamiento. Esa función le corresponde al veterinario municipal, que, habida cuenta del escrito de la Junta al alcalde, deberá presentarse en la zona para realizar la inspección.
