La juez Núñez pide al TSJA "prescindir" de Alaya para investigar las 'macrocausas'

Publicado: 25/09/2015
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla señala en el informe que, en vez de más de jueces, necesita un número mayor de funcionarios para seguir con la investigación de las 'macrocausas' y el trabajo ordinario del órgano judicial
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha remitido un informe al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que señala que no necesita el apoyo de la juez Mercedes Alaya para la instrucción de las 'macrocausas', como son los ERE irregulares, los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por IDEA.

   Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que fue el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, quien solicitó a la magistrada que realizara un informe sobre el plan de trabajo aprobado el pasado mes de junio para el Juzgado después de que, con posterioridad a dicha aprobación, decidiera dividir el caso ERE en tres grandes bloques.

   Las fuentes consultadas por Europa Press han indicado que, en su informe, la juez Núñez señala que no necesita el apoyo de Alaya --ahora en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla-- para instruir las 'macrocausas' y que, por tanto, quiere "prescindir" de la comisión de servicio que fue aprobada para que la magistrada apoyara al Juzgado.

   En este sentido, dice que únicamente necesita que el juez Álvaro Martín, para quien se aprobó una segunda comisión de servicio, le ayude con el trabajo ordinario del Juzgado.

   Asimismo, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla señala en el informe que, en vez de más de jueces, necesita un número mayor de funcionarios para seguir con la investigación de las 'macrocausas' y el trabajo ordinario del órgano judicial.

   De hecho, cabe recordar que la magistrada ha solicitado y reiterado a la Junta de Andalucía que dote al Juzgado con cuatro funcionarios más.

EL TSJA POSPONE SU DECISIÓN

   Precisamente, este informe fue tratado en la mañana de este jueves en la reunión que mantuvo la Sala de Gobierno del TSJA, que decidió posponer su decisión y el informe que debe elaborar, a instancias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobre el plan de actuación aprobado el pasado mes de junio para el Juzgado de Instrucción número 6.

   En un comunicado de prensa, el Alto Tribunal andaluz informó de que la Sala de Gobierno "ha pospuesto la decisión y el informe sobre el plan de actuación en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para seguir deliberando los términos del mismo en la próxima reunión".

   La petición realizada por el CGPJ al Alto Tribunal andaluz obedece a que la magistrada titular acordó con posterioridad a la aprobación del citado plan de trabajo --por medio de un auto dictado el 30 de julio-- la división en piezas separadas del caso de los ERE, algo a lo que se había opuesto reiteradamente la juez Mercedes Alaya.

   La instrucción de la causa de los ERE irregulares tramitados por la Junta de Andalucía había sido atribuida inicialmente a la magistrada Mercedes Alaya hasta que la propia Audiencia Provincial de Sevilla resolviera sobre dicha división.

TRES GRANDES BLOQUES

   Por ello, el CGPJ quiere saber si, en opinión del TSJA, la decisión de Núñez Bolaños de dividir el caso ERE afecta al plan de actuación previamente acordado y avalado, según las mismas fuentes.

   El pasado 30 de julio, la juez Núñez Bolaños aceptó la petición realizada el 18 de junio por la Fiscalía Anticorrupción y acordó dividir en tres grandes bloques la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.

   La juez Núñez Bolaños tomó su decisión sin esperar a que el CGPJ ratificara definitivamente el plan de actuación aprobado por el TSJA, por el que se asignó a Alaya el caso de los ERE irregulares y el delito societario de Mercasevilla, y a María Núñez Bolaños la instrucción de las restantes 'macrocausas', como son las irregularidades en los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por IDEA.

   Así, la juez Núñez ha dividido la causa en tres grandes bloques, como son uno relativo al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas; otro bloque con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque no inferior a 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.

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