Según el escrito de calificación fiscal, los hechos se produjeron el 6 de septiembre de 2008 cuando agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil interceptaron a una embarcación con intención de alcanzar las costas españolas de manera ilegal, que había partido horas antes de ser interceptada de la costa marroquí, siendo patroneada, según la Fiscalía, por los dos acusados, que actuaron movidos por la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito procedente del dinero pagado por los inmigrantes, a razón de 1.000 euros por persona.
La embarcación carecía de cualquier medida de seguridad y los ocupantes no disponían de chalecos salvavidas, además de no proveer a ninguno de alimentos y bebidas aunque el viaje podría durar más de 24 horas, suponiendo todo ello un riesgo para la vida y la integridad física de los ocupantes.
