El juez que investiga la muerte de la joven sevillana Marta del Castillo impuso ayer a los cuatro procesados el pago de una fianza conjunta de 240.000 euros para hacer frente a la futura indemnización a la familia de la víctima.


Fuentes judiciales informaron a Efe de que el juez impuso diche fianza de forma solidaria al autor confeso de la muerte, Miguel C. D; a su amigo Samuel B. P, a su hermano mayor Francisco Javier D. M. y a la novia de éste último, María G. M.


Un quinto imputado que presuntamente participó en la violación y homicidio de Marta es menor de edad y la causa contra él se tramita de forma separada en el Juzgado de Menores.


Las fuentes añadieron que los cuatro imputados ofrecerán a partir de ahora los bienes de que dispongan para hacer frente a dicha responsabilidad, y el juez decidirá si los considera suficientes.


La fianza tiene por objeto hacer frente a las futuras indemnizaciones que puedan acordarse en juicio para los padres, hermanas y abuelos de Marta por el daño moral causado.


En el caso de Francisco Javier, que se encuentra en libertad desde el pasado 20 de mayo, el juez le ha requerido el pago, y fuentes de su defensa informaron a Efe de que posiblemente aportará como aval el piso de su propiedad situado en la calle León XIII de Sevilla donde se produjo el asesinato de Marta, el pasado 24 de enero.


La imposición de la fianza se ha producido después de que el abogado de los padres de Marta haya pedido al juez que investigue un posible delito de ocultación de patrimonio por parte de Francisco Javier, pues un mes después de ser encarcelado disolvió el régimen de gananciales con su esposa y vendió un garaje que poseían.


El abogado hizo dicha petición en el mismo escrito en el que recurrió contra la libertad de Francisco Javier, pues la disolución del régimen de gananciales es un hecho más que "demuestra la capacidad y pericia que el imputado viene demostrando para dificultar la investigación, impedir el descubrimiento del cadáver y, ahora, también para eludir las responsabilidades civiles que pudieran corresponderle".


El letrado se opuso a la libertad porque, estando libre, el imputado seguirá impidiendo el hallazgo del cadáver con la misma "pericia y acierto" con la que "lideró las actuaciones tendentes a hacer desaparecer cualquier vestigio del crimen".


La acusación particular imputó a Francisco Javier un delito de ocultación de patrimonio para ser declarado insolvente, tipificado en el artículo 258 del Código Penal, por la disolución de su régimen de gananciales firmado desde la cárcel el 10 de marzo de 2009, a los 22 días de ser encarcelado.


Caamaño acusa al PP de avivar las cenizas del dolor para arañar votos


Por otra parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, acusó ayer al PP ser de capaz de "avivar las cenizas del dolor para quemar las libertadas fundamentales de este país" por arañar un puñado de votos, en relación al caso de Marta del Castillo.


"No se juega con el corazón de la gente, no se hace política con el sentimiento de las personas. A ustedes todo les vale", dijo Caamaño en el Senado en respuesta a una pregunta del senador del PP Javier Salas, que exigió al ministro que pida perdón a la familia de la joven Marta del Castillo por defender el derecho a mentir de los imputados.


El ministro de Justicia reiteró que el Tribunal Constitucional ha reconocido en numerosas sentencias el derecho a mentir de los acusados y señaló que el acusado, a diferencia del testigo, "puede callar total o parcialmente o incluso mentir".


Caamaño denunció el "populismo" y la "demagogia" con la que actúa el PP, pero dijo que deplora aún mas que lo hagan aprovechándose del dolor de las víctimas.


El senador Javier Salas, por su parte, consideró que el ministro ha perdido la oportunidad de rectificar y pedir disculpas a la familia de Marta del Castillo.


"En lugar de confortar, hurgó usted en la herida", indicó Salas al ministro, a quién solicitó cambios en la legislación que incluyan un plan de protección especial para víctimas especialmente vulnerables, elevar de forma ejemplar las penas de los condenados por dichos delitos y el cumplimiento íntegro de las condenas.


Ante las acusaciones de electoralismo del titular de Justicia, Salas recordó que el primero que visitó a los padres de la joven sevillana fue el presidente del Gobierno, José Luis Zapatero. "¿También fue eso electoralismo?", concluyó.