El equipo de Gobierno trasladará a la próxima sesión plenaria la elaboración de un inventario sobre construcciones y parcelaciones ilegales, o lo que es lo mismo, la aceptación por parte del Ayuntamiento de la colaboración con la Dirección General de Inspección Urbanística de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
El punto en cuestión pone el acento en la inspección que a partir de ahora se realizará de construcciones y parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable. El objetivo es “tener una foto fija de cómo está el campo”, según expuso en conferencia de prensa el delegado municipal de Urbanismo, Joaquín Macías. Así, el primer paso será la elaboración del inventario, a lo que seguirá la actuación de la Dirección General de Inspección Urbanística a través de los juzgados y ordenando demoliciones, lo cual viene realizando este organismo desde el año 2007 en toda Andalucía.
Macías advirtió que desde la Junta de Andalucía se ha creado “un antes y un después” de las construcciones y parcelaciones ilegales”, señalando que “en Arcos ese momento ha llegado ya por simple imposición de la Ley”.
El también portavoz del Gobierno aprovechó este punto para felicitar “el buen trabajo” realizado por la Policía Local de inspección urbanística, a la que se incorporará a partir de ahora otro grupo de inspección de la Junta de Andalucía para abundar en las infracciones urbanísticas que se acometan.
El delegado añadió que habrá casos en los que sea preciso llevar a cabo una demolición por mandato judicial o por “desobediencia” del expedientado, y otros casos que se puedan regularizar. Lo que sí está claro -explicó- es que “la Junta actuará con mano firme a partir de estos momentos; no sólo en Arcos, sino en toda Andalucía”.
El responsable municipal de Urbanismo aludió al caso de Vejer y otros municipios donde ya se han ordenado derribos de construcciones por orden judicial o requerimiento de la Junta. “Con ello, los ciudadanos saben perfectamente lo que dice la Ley, y en el campo si no hay una condiciones mínimas no se puede construir”.
También se refirió a zonas como la Cuesta de la Rosa o El Charcón, donde se podrían regularizar núcleos urbanos, lo cual vendría precedido de un estudio sobre viabilidad: “Yo estoy convencido de que no será mucho lo que se pueda regularizar, porque cuando los vecinos han construido no han dejado espacio para una calle, una zona verde... para que de verdad se pueda convertir en un núcleo de población, pese a que haya algunos asentamientos más históricos que otros”, declaró Macías, quien de nuevo se remitió al PGOU del futuro para ver qué zonas pueden convertirse en legales, aunque será la Junta “la que tenga la última palabra”.
Expediente de expropiación
Otro expediente que se abordará en la sesión plenaria será el de expropiación del edificio situado en la calle Corredera -antiguo banco Prieto o casa de los Reyes-, una vez que el propietario haya recibido distintas notificaciones y requerimientos legales por el estado de abandono que manifiesta el histórico inmueble.
Si bien no existe un proyecto aún, una “idea” sería la construcción de un parking de vehículos, lo cual supondría un alivio para la falta de aparcamiento tanto en la zona como en el casco antiguo. Como explicó el delegado de Urbanismo, el propietario ha incumplido órdenes de ejecución, lo cual conlleva a la posibilitad de iniciar la expropiación. Sin embargo, y al encontrarse dentro del plan especial de protección del casco histórico, el Ayuntamiento no puede demoler el edificio o al menos respetar la fachada y otros elementos arquitectónicos de cierto valor que se encuentran dentro del mismo, lo cual no implica que “otras partes anejas se puedan demoler”, según adelantó Macías.
800.000 euros para preservar las murallas de Arcos
El Pleno facultará con toda probabilidad a la alcaldesa para la firma del convenio con el Ministerio de Fomento que propicie la intervención sobre las murallas almohades de la ciudad, para lo cual se pondrá sobre la mesa un presupuesto superior a los 800.000 euros, más de 600.000 invertidos por el propio Ministerio de Fomento.
Además, se llevará al Pleno un convenio con Diputación para mejorar la movilidad urbana sostenible, lo cual dará paso a un estudio.
Por último, se trasladará a la sesión de junio la petición de una nueva operación de tesorería por valor de 1,5 millones con el fin de garantizar el pago de la nómina hasta fin de año, como confirmó la propia alcaldesa hace unos días.
En los primeros compases de la próxima semana se celebrarán nuevas comisiones informativas para la posible inclusión de nuevos puntos de gestión.
La sesión se ha convocado a las 9.00 horas del viernes 19 de este mes, lo cual ha despertado las primeras críticas entre algunos concejales, que no entienden que la sesión se haya trasladado a un horario no habitual, pues por norma general se suelen celebrar a partir de las ocho de la tarde, fundamentalmente en el segundo lunes de cada mes. Sin embargo, otros concejales de la oposición admiten que el atípico horario ha sido consensuado en junta de portavoces entre los tres grupos municipales. Algunas voces contrarias, aluden a sus responsabilidades laborales frente a las políticas.
