El próximo viernes se informa en el Pleno del decreto de Alcaldía que da validez a los ajustes en el presupuesto prorrogado, que ha sido demandado en las últimas semanas por los grupos de la oposición.
Dicho documento informa sobre los ajustes de gastos de 2016 de cara al año en curso. Dicha prórroga permite que el Ayuntamiento pueda seguir funcionando mientras se elaboran el proyecto presupuestario del año en curso.
Según el concejal de Hacienda, David Navarro, el decreto de ajuste “no es más que un trámite de transición entre un ejercicio económico y otro hasta que se aprueben los nuevos presupuestos, que están a punto de salir del horno”. Ya hace varias semanas, el edil aseguraba que “tenían puesta la oxitocina”, como advirtiendo de la cercanía del final de su elaboración.
En este sentido, lo que se hace es equilibrar los gastos conforme a los ingresos previstos para este año, según explica Navarro. El concejal aclara que “aquí entran los 5 millones de euros en deuda de más que tendríamos que pagar este año por culpa de unos préstamos del Partido Popular”.
Según los cálculos municipales, “en total serían 11,2 millones de ajuste hasta que se aprueben los próximos presupuestos”. Aclara que “este ajuste es debido también a un Gobierno central que no solo mira para otro lado ante la asfixia de los ayuntamientos, sino que aprieta todavía más la soga. Solo el 4% de la deuda estatal es correspondiente al déficit de los municipios. La inmensa mayoría ha sido originada por el rescate bancario”.
Desde Ciudadanos, su portavoz Juan Manuel Pérez Dorao, anunció que se había recibido el decreto del alcalde para su adaptación del presupuesto del año 2016 de cara al 2017. “Se ha dado cumplimiento a esta reivindicación que venimos haciendo desde el 31 de diciembre del año pasado”.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Fran González, se cuestiona cómo el interventor fecha su informe el 10 de enero y no es hasta el 8 de marzo cuando se completa con un anexo, fecha en la que lo firma el alcale. Asimismo, “se visualiza una reducción de más de 11,5 millones de euros” que en la mayoría de los casos van vinculados al IFEF y a la vivienda.
Por su parte, el concejal José Blas Fernández (PP) afirma que lo ocurrido es un “desastre porque Cádiz entra hoy en la UVI. Hemos pasado del mayor presupuesto social a la indigencia económica del Ayuntamiento”.
Según el documento entregado a los grupos de la oposición, se realizan ajustes en cuestiones como el mantenimiento del Castillo de San Sebastián, la remunicipalización de servicios, que pasa de tener 95.000 euros a dejar la caja a cero, la inversión en material para la Policía Local o el mantenimiento en edificios de la delegación municipal de Deportes, entre otros aspectos. También se reduce la partida de promoción del comercio, las premios, becas de estudio e investigación, que corrían a cargo de Fiestas, o la conservación y reparación de edificios de Enseñanza, además de la rehabilitación de viviendas de Procasa o el programa de rehabilitación urbana de infravivienda.
