El Consejo de Gobierno que presida este martes en el Palacio de San Telmo Susana Díaz dará luz verde a los terceros Presupuestos andaluces de la legislatura. Las cuentas de la estabilidad, como se esfuerza en subrayar desde hace semanas la Junta, nacerán antes de tiempo (con más de dos semanas de adelanto sobre los topes que permite el calendario) con el objetivo de lanzar un claro mensaje en tiempos convulsos: la Administración andaluza tiene pilares solventes que la aíslan de otras comunidades donde autorizar el cuadro general de gastos e ingresos se convierte en un calvario para gobiernos débiles. Por no hablar de Cataluña, zona pantanosa este mismo martes.
Díaz ya sentenció el pasado jueves en el Parlamento que ser capaz de cocinar en tiempo récord sus cuentas públicas no sólo es un aval político sino que también “fortalece el Estado de Derecho”, justo en las antípodas de lo que puede intentar hoy el secesionismo.
En las decenas de cuadros y gráficos que presente la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, habrá de nuevo mensaje de refuerzo de los cimientos del Estado del Bienestar. Tras las crisis con manifestaciones ciudadanas que hizo tambalear la Consejería de Salud el Gobierno andaluz tomó buena nota y reforzó esa parcela. Ocurrió ya en 2017 y volverá a plasmarse en el nuevo proyecto de ley que reciba este martes las bendiciones del Ejecutivo. Habrá aumento presupuestario del 5% según rezan los escasos datos adelantados. También se cuidará la oferta pública de empleo y el área educativa, con incremento superior al 3%, compromisos ambos adquiridos con Cs hace dos semanas cuando la práctica eliminación para las clases medias del Impuesto de Sucesiones y Donaciones difuminó todos los obstáculos hacia la aprobación final del Presupuesto andaluz.
Ahí se esconde una de las grandes incógnitas. Montero deberá concretar cómo piensa su Consejería compensar la caída de recaudación cuando el 1 de enero entre en vigor la reforma del polémico tributo que salvará de pasar por caja a quien herede menos del millón de euros. También dará para titulares de prensa el montante final del Presupuesto, que el año pasado escaló hasta 33.329 millones. Si se cumple la previsión de que será expansivo será superado. En el capítulo de gastos también quedará reflejado el coste de rebajar al sector público su jornada laboral semanal de las 37,5 horas a sólo 35, lo que obliga a aumentar plantillas. El recurso ante el Tribunal Constitucional planea sobre la Junta, que insiste en aplicar su decreto convencida de que finalmente el Gobierno de Rajoy acabará cediendo y lo levantará.
Oferta final del PP
Díaz podrá presumir también de ser, un año más, la primera comunidad en contar con Presupuestos aprobados y enviados al Parlamento para su visto bueno final en diciembre. El texto, de hecho, entrará en la Cámara este mismo martes por la tarde cumpliendo con los trámites legales. Será ahí donde los grupos parlamentarios tengan de nuevo que retratarse. En casi cuatro décadas de democracia el PP jamás ha dado su visto bueno a las cuentas. Su presidente en Andalucía, Juanma Moreno, sigue empeñado en pedir “diálogo” a Susana Díaz porque, como reiteró este lunes, “aún está a tiempo” de aceptar sus demandas y obtener a cambio el sí de los populares. El PSOE hizo oídos sordos.
En busca aún de lo perdido hace años...
CSIF-A reclama en la Mesa General de Negociación Común del Empleado Público que los Presupuestos andaluces de 2018 recojan el pago de los complementos autonómicos de las pagas extraordinarias de 2013 y 2014, pendientes de devolución aún tras su suspensión en mayo de 2012.
El sindicato de la función pública pide también que se refuercen las plantillas tras los duros años de la crisis en los que se llegó a reponer sólo una de cada diez jubilaciones.
