Jugar a capricho con las sentencias judiciales

escuchar de boca del líder del Partido Andalucista, Antonio Prats, que va a tomar la decisión de pedirle a los jueces que, ahora sí, le hagan cumplir el año de inhabilitación como cargo público al que le condenaron en 2006 por agredir a un Policía Local, es cuanto menos sorprendente. Las razones del andalucista es que quiere presentarse como candidato a la alcaldía por el PA para las próximas elecciones municipales. Algo muy respetable, por otra parte, porque cada uno puede hacer con su vida lo que quiere y, si es cierto que su militancia se lo ha vuelto a pedir, así como las altas esferas del andalucismo... no será este medio quien cuestiones esa decisión, en todo caso, habría que preguntar a quienes hayan albergado la esperanza de liderar esta formación política en Sanlúcar.

No obstante, la decisión no es sino muestra de la utilización que se pueda hacer de la justicia en determinado momento y de la falta de respeto hacia ésta. Cuando Prats fue condenado salió a la calle para recoger firmas con el objetivo de conseguir el indulto, esto es, perdonarle o conmutarle la pena de un año de inhabilitación que se le impuso por haber agredido a un agente de la autoridad, entonces sí estaba interesado quizás en obtener el beneficio político de que se le reconociera que su actuación fue “en defensa de los trabajadores”, como él acostumbra a repetir. Para ello no dudó en salir a la calle a captar las firmas y después de los vaivenes que los papeles de la solicitud del indulto sufrieron, también aprovechó el momento para bucar una “mano oculta” que estuviera bloqueando el trámite judicial.

Ahora el interés del andalucista es otro y por eso pesa más poder acceder a la alcaldía que obtener ese perdón por parte del Consejo de Ministros.

El hecho es que su postura deja en entredicho la efectividad de la justicia, puesto que la condena de inhabilitación para ejercer como cargo público, como político, como lo que quiere seguir siendo el andalucista, es un castigo por un delito, que no debe pasarse por alto. Las razones que llevaron a Prats a obtener esa condena podrán ser loables o no, pero un político debe mostrar más respeto por las decisiones que toman los jueces y no jugar a capricho con ellas.