Ninguna de las asociaciones de taxistas de nuestra ciudad ha apoyado, al contrario que los representantes de los cinco grupos municipales, las modificaciones planteadas en el Consejo del Instituto del Taxi de la Ordenanza reguladora de este servicio de transporte y en virtud de las cuales, a partir de su entrada en vigor, se podrá retirar de forma temporal la licencia a los profesionales que sean condenados por delitos leves y de forma definitiva a aquellos que lo sean por delito grave, sin que sea necesario, como hasta ahora, la calificación de doloso.

A nadie se le escapa la mala imagen que tiene en Sevilla el sector del taxi, especialmente por la actuación del denominado monopolio (por no calificarlo de otra manera) que acapara los servicios en el aeropuerto de San Pablo mediante prácticas abusivas y restrictivas de la competencia para el resto de sus propios compañeros. Por eso no se comprende la oposición de las asociaciones gremiales a la modificación de la Ordenanza reguladora con el fin de dar mayor poder punitivo al Instituto del Taxi. Los taxistas, sobre todo tras la irrupción de plataformas como Cabify y Uber, se reivindican como un servicio público (más bien es al público, que suena igual pero no es lo mismo). Pues en tal caso deberían ser los primeros interesados en que se sancione de forma ejemplarizante a aquellos  entre sus filas que no observen una conducta intachable.