"Mientras los empresarios no apliquen los convenios pactados y no estén dispuestos a negociar los pendientes, los sindicatos ven una guerra permanente entre trabajadores y empresarios", ha dicho el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, quien recordó que cerca de 300.000 trabajadores están afectados en Andalucía por los sub-convenios que aún no están firmados.
Según aseveró, la patronal "no va a reventar la negociación colectiva se ponga como se ponga" y advirtió de que los sindicatos no asumirán una reforma laboral que sólo busque la reducción de los derechos de los trabajadores.
"Los sindicatos estamos dispuestos a hablar de ajustes en el mercado de trabajo, pero no a costa de disminuir derechos de los trabajadores", declaró Pastrana.
Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, aseguró que la negociación colectiva es "fundamental, por lo que la primera acción del sindicato es denunciar y movilizase frente a los empresarios, ya que su intención es liquidar la posibilidad de que los trabajadores intervengan en la legislación laboral".
Así, aseguró que la pretensión de la patronal no es sólo oponerse a subidas de salarios o a la propia negociación colectiva, si no impedir que lo que se firma en los convenios y se publica en los boletines oficiales se pueda luego reclamar en los juzgados.
Denunció el "escándalo social" que se vive en el campo andaluz, donde "los empresarios, para garantizar el jornal a los trabajadores piden que se bajen los salarios y cobren menos de lo fijado en el convenio".
Sin embargo, Carbonero desligó este conflicto de la Concertación Social ya que, si lo vinculara, "se paralizaría un instrumento imprescindible para salir de la crisis y con el que se puede incidir en la protección social y en el avance hacia un cambio de modelo productivo".
Así, el secretario general de CCOO-A aseguró que el sindicato mantendrá la "movilización" y la "tensión" con la patronal por la negociación colectiva, aunque mantendrá su disposición a firmar el VII Acuerdo de Concertación Social para salir de la crisis.
En el diálogo con sindicatos, patronal y Junta, Carbonero explicó que su sindicato pedirá al Gobierno que no conceda ayudas a aquellas empresas que no se comprometan a mantener el empleo de calidad.
Por su parte, el secretario de Organización de UGT-A, Francisco Fernández, dijo que "una cuestión es la negociación colectiva y otra más amplia la Concertación Social".
Sin embargo, aseguró que el sindicato luchará para que la negociación de los convenios colectivos se desbloquee antes de que se firme el acuerdo de concertación, del que quedan flecos, según dijo.
Calendario de movilizaciones
Por otra parte, ambos sindicatos anunciaron un calendario de movilizaciones ante la pérdida de empleo con el que exigirán al Gobierno, entre otros asuntos, una reorientación de la protección social basada en el establecimiento de unos criterios comunes a aplicar durante todas las fases de la prestación.
Así Carbonero y Pastrana dieron a conocer las movilizaciones conjuntas que emprenderán los sindicatos en los próximos meses ante el incremento del desempleo y el incumplimiento de los acuerdos de negociación colectiva por parte de la patronal.
Bajo el lema "Defiende tus derechos, por el empleo, la negociación colectiva y la protección social. Movilizate", los sindicatos mayoritarios celebrarán en Andalucía manifestaciones el 17 de noviembre en Cádiz y el 3 y 10 de diciembre en Málaga y Sevilla, respectivamente, además de participar en la gran movilización prevista el 12 de diciembre en Madrid.
Una de las principales reivindicaciones de la UGT y de CCOO es la necesidad de que el Gobierno reoriente la protección social para evitar situaciones injustas.
El actual sistema de protección social se compone de tres fases: la primera, el empleo contributivo -que comúnmente se conoce como paro-; la segunda, el subsidio -que se corresponde con el 75 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple, IPREM-; y la última, la prestación extraordinaria de 420 euros, que se concede cuando el trabajador ya ha agotado las otras dos ayudas.
Los criterios que se aplican para obtener la primera de las prestaciones no son los mismos que en el caso de los 420 euros, lo que produce situaciones distorsionadas para los sindicatos.
El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, denunció esta discriminación y pidió que se mantengan los criterios comunes que se emplean a la hora de conceder el paro en todas las fases de la protección social, incluida en el último tramo -la prestación de 420 euros- a la que actualmente tienen derecho los desempleados que hayan agotado sus ayudas desde el 1 de enero.
"Ahora hay 182.000 personas en Andalucía que han dejado de tener prestación social a pesar de que una parte muy importante tendría los requisitos para seguir cobrando los 420 euros. Sin embargo, no se les concede porque están fuera del plazo estimado cuando comienza a tener derecho", dijo Carbonero.
"El planteamiento de CCOO es que quiten la fecha y pongan criterios que fijen el derecho a la prestación. Sería más igual y no discriminaría a nadie", añadió el secretario general de CCOO-A, quien además hizo mención a las situaciones personales de cada trabajador.
Así, pidió que se incorporen a estos criterios a las personas que no tienen cargas familiares porque "no tener hijos no quiere decir que no se tenga protección social. La sociedad ha cambiado y las familias monoparentales han crecido mucho", dijo Carbonero.
Por su parte, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, pidió al Gobierno un "ajuste fino" de la protección social y advirtió de que "el café para todos puede conducir a situaciones tremendamente injustas".
Así, indicó que pueden existir situaciones en las que no se proteja adecuadamente a aquellos trabajadores de los que depende una familia y se cubra en "exceso" a los que no tienen a nadie a su cargo.
"Es necesario que el Gobierno y la Junta reorienten la protección social para que se cubran específicamente las necesidades de aquellos que tienen que atender a una familia", dijo Pastrana, quien añadió que, además, hay que "mantener los niveles mínimos de protección de aquellos que no tienen a su cargo necesidades de cobertura de otros miembros de unidad familiar".
