Imputados cinco promotores y constructores por posibles delitos urbanísticos en Chiclana

Publicado: 04/11/2009
La primera de las investigaciones hace referencia a una parcela de suelo no urbanizable en el Pago de los Guisos y la segunda está relacionada con unas edificaciones levantadas en suelo no urbanizable en el Pago Majadillas de la localidad, donde se había construido sin licencia municipal
La Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha culminado dos investigaciones encargadas por los juzgados mixtos tres y cuatro de Chiclana de la Frontera (Cádiz) sobre sendos posibles casos contra la ordenación del territorio, dando como resultado la imputación de cinco personas, entre promotores y constructores.

Según explicó la Junta en un comunicado, la primera de las investigaciones comenzó en verano por encargo del juzgado mixto número tres, referente a una parcela de suelo no urbanizable en el Pago de los Guisos de Chiclana.

Mediante el cotejo de ortografías aéreas, los funcionarios policiales comprobaron que en 2005 desaparece una casa pequeña de antigua construcción y aparece una nueva edificación unifamiliar de 90 metros cuadrados de planta con piscina.

Posteriormente, en 2007 se inició la construcción de otra similar tras ser dividida la parcela con un muro de hormigón, todo ello sin licencia municipal de obras. Además, para hacer las obras se talaron todos los árboles de la parcela sin la preceptiva autorización ambiental.

Así, tras localizar y oír en declaración a los promotores y al constructor de ambas viviendas, fueron imputados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.

PAGO MAJADILLAS

La segunda investigación, encargada por el juzgado mixto número cuatro, también se hizo sobre unas edificaciones levantadas en suelo no urbanizable en el Pago Majadillas de la localidad, donde se había construido un edificio de dos plantas de 120 metros cuadrados y otro edificio de una planta de 50 metros cuadrados sin ningún tipo de licencia municipal.

Por las ortoimágenes, se comprobó que la obra acabó en 2005, declarándose ese año la obra nueva, pero no de las construcciones levantadas, sino de la antigua casa. Según dijo, esto constituye un procedimiento habitual para "enmascarar la irregularidad y dar aspecto de legalidad".

Posteriormente, los promotores y constructores de las mismas fueron localizados y oídos en declaración, tras lo que fueron imputados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.



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