En el mes de junio, la última reunión de la Comisión, la Junta de Andalucía planteó el derribo de una treintena de viviendas de la zona, que invaden la zona de dominio público hidráulico, y el ‘indulto’ de otros 200 que, aun encontrándose en “zona inundable”, quedarían en pie. Ante estas cifras, Jiménez fue claro: “Si el número entra dentro de lo razonable, tendremos que acatarlo”.
No obstante, el presidente del colectivo vecinal aplaudió el compromiso financiero del Gobierno andaluz tanto para la presa como para el encauzamiento. “Es una buena noticia puesto que un proyecto sin respaldo económico es papel mojado y ésto no lo es”, concluyó.
