El vicepresidente tercero de Diputación y responsable del área de Economía, Hacienda y Contratación, Juan Antonio Liaño, ha lamentado la “ruptura unilateral” del convenio de gestión tributaria adoptada por el Ayuntamiento de Barbate. Esta decisión se ha adoptado a primera hora de esta mañana por parte del Pleno municipal barbateño. En consecuencia, Diputación ya ha encargado a su asesoría jurídica que determine si en este acto se ha podido cometer alguna vulneración legal. Por su parte Liaño considera que la ruptura, promovida por el alcalde de Barbate, Rafael Quirós, “es caprichosa y puede haber incurrido en prevaricación”.
El convenio por el que el Ayuntamiento de Barbate encomendó la gestión de sus tributos a Diputación fue suscrito en julio de 2009. Su periodo de vigencia es de 10 años. La ruptura “unilateral” no ha cumplido siquiera la cláusula sobre la denuncia del acuerdo pactada entre las partes. Juan Antonio Liaño considera que en los últimos cuatro años “Diputación ha sido un balón de oxígeno para el Ayuntamiento de Barbate”; de hecho el citado consistorio se ha acogido a todos los instrumentos financieros, ordinarios y extraordinarios, dispuestos por el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria.
El responsable de Hacienda en Diputación afirma que precisamente con Rafael Quirós se han prodigado las reuniones y negociaciones para que el Ayuntamiento de Barbate dispusiera de liquidez para encarar sus obligaciones. La última de estas negociaciones se entabló con la Caixa, al objeto de refinanciar una deuda municipal que “no prosperó finalmente al no ser autorizada por la Junta de Andalucía tras constatar que el Ayuntamiento no había adoptado ningún plan de ajuste”.
Juan Antonio Liaño considera que Rafael Quirós deja al Ayuntamiento de Barbate en una difícil tesitura. De hecho el ejercicio de 2014 se cerró con una liquidación negativa de 400.000 euros. Es decir: la previsión de ingresos fiscales en este municipio fue menor que la recaudación efectiva. Pero es dicha estimación la que determina el importe de los anticipos que transfiere mensualmente la Diputación. El Ayuntamiento, por tanto, aún tiene que devolver los importes pendientes de esa liquidación negativa.
El convenio con Barbate se aplicaba en los cuatro ámbitos principales en los que opera el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria: la recaudación de los impuestos municipales, los convenios de inspección, los acuerdos sobre gestión de multas de tráfico así como la gestión tributaria y catastral. Algunas de estas líneas –como la referida a la gestión de multas que inicia la Policía Local desde dispositivos PDA- quedan en la práctica invalidadas.
Liaño ha defendido la calidad de un servicio que ha logrado solventar situaciones muy delicadas en no pocos Ayuntamientos. Un servicio “institucional” cuyo desempeño no se condiciona por “siglas políticas”.
Los Ayuntamientos que han encomendado la gestión de sus tributos a Diputación obtienen los beneficios de una economía de escala: cada mes perciben anticipos, con cargo a la recaudación estimada. Para transferir estas cantidades la institución provincial ha concertado –para el año 2015- tres operaciones de crédito que suman 90 millones de euros.
La gestión del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria es de amplio alcance. En la actualidad presta servicio a más de 40 Ayuntamientos de la provincia de Cádiz, tres Mancomunidades de municipios, tres comunidades de regantes, la Junta de Andalucía, cuatro Grupos de Desarrollo Rural y el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.
