La Policía italiana antiterrorista registró ayer el apartamento que ocupó en Roma la ítalo-suiza Susanna Maiolo, quien empujó e hizo caer al Papa al suelo durante la Misa del Gallo celebrada en la basílica de San Pedro.

El registro, según informaron fuentes policiales, fue realizado como una “averiguación más” sobre la vida de la mujer de 25 años, que se encuentra ingresada en el departamento de psiquiatría del Hospital Angelucci, de Subiaco, a 70 kilómetros al este de Roma, donde está siendo tratada.

Susanna Maiolo, residente en Suiza, llegó a Roma el 22 de diciembre y se alojó hasta el día 24 por la tarde en un apartamento de la zona este de la capital.

Maiolo fue visitada ayer en el hospital de Subiaco por su padre y una hermana. La mujer deberá permanecer aislada durante una semana en ese centro sanitario, que está vigilado por varios carabineros italianos.

La joven fue trasladada a Subiaco desde el hospital romano Santo Spirito, donde fue llevada tras el incidente que protagonizó en el Vaticano. Los médicos que le atendieron constataron, según fuentes sanitarias, que se trata de una persona con “problemas psíquicos”, con un “pensamiento inestable”.

Ayer se supo que Maiolo pasó dos años, entre 2006 y 2008, en el centro psiquiátrico Wohngruppe-Kanzler, de la localidad suiza de Fraunfeld, donde vive la joven.

El director de ese hospital, Rolf Kessler, dijo ayer, según informaron los medios italianos, que cuando se enteró de lo ocurrido en la basílica de San Pedro se quedó “desconcertado, sin palabras”.

Maiolo –contó Kessler– abandonó el centro psiquiátrico hace algo más de un año y en el tiempo que transcurrió allí “no dio problemas”. Sobre sus inclinaciones religiosas –la mujer intentó en dos ocasiones acercarse hasta Benedicto XVI, con el objetivo de saludarle, según contó– Kessler señaló que en ese tiempo la religiosidad de Maiolo era normal, “no tan fuerte como para ser considerada una manía religiosa que podría explicar lo ocurrido”.

El Vaticano informó ayer que en los próximos días el Promotor de Justicia de la Santa Sede (fiscal general) decidirá, una vez conocido el informe médico y el de la Gendarmería, los “eventuales pasos” que dará.