Las menores de 16 y 17 años que argumenten violencia familiar podrán abortar sin informar a sus padres, según el borrador del desarrollo reglamentario de la nueva Ley, que, asimismo, permite a los médicos pedir un informe a un psicólogo o trabajador social que certifique la versión de la joven.

Esto ayudaría al facultativo a decidir si autoriza el aborto sin el conocimiento de los padres de la menor, lo que, para la Organización Médico Colegial (OMC) podría generar “inseguridad jurídica” al colectivo que será “responsable” último de la decisión.

Ayer se dieron a conocer detalles del borrador del desarrollo reglamentario de la nueva Ley del Aborto que se presentará en el Consejo Interterritorial de Salud del próximo lunes, para pasar después por el Consejo de Estado, y ser aprobado finalmente en el Consejo de Ministros, como Real Decreto, antes del 5 de julio.

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, informó de que las jóvenes que decidan poner fin a su gestación acudirán al centro sanitario, por “regla general”, acompañadas de sus padres o tutores legales.

En el caso de que esto no ocurra, y la menor afirme que tiene “miedo o temor a sufrir violencia familiar, coacciones o algún tipo de presión que pueda torcer su voluntad”, será el médico quien autorice la interrupción del embarazo sin que lo sepan sus padres.

“El médico tiene que evaluar las circunstancias que la joven le está planteando”, comentó Jiménez, quien dijo que si éste tiene dudas puede solicitar “el informe de un psicólogo o a un trabajador social que certifique que ese miedo puede existir sobre la menor”.

La ministra consideró que con esta medida “se mantiene el espíritu” de lo aprobado en la Ley, cuyo texto sostiene que las jóvenes serán quienes tomen la decisión pero informando a los padres salvo en casos excepcionales de posible maltrato o coacción.

Si las chicas no quieren acudir a la clínica abortista con sus progenitores o con su representante legal podrán presentar una carta firmada por alguno de ellos o bien entregar un documento de identidad que acredite que son conocedores de los hechos.

Otra novedad anunciada por la ministra es que serán los profesionales sanitarios de la Enfermería los que impartan la educación sexual en los centros educativos, como plantea la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

El objetivo de este proyecto es que disminuyan los embarazos no deseados y que se reduzca así el número de abortos, que en 2008 ascendieron a 115.812.

La OMC, para la que esta nueva ley es innecesaria, criticó que “cuando una menor diga que informar a sus padres podría causarle problemas, la responsabilidad de aceptar o no el aborto será del médico, y eso no debería ser así”, porque la función de los médicos debería ser la de “mediar” entre los padres y la afectada.

En el caso específico de que la joven alegue violencia familiar, precisó el presidente de la OMC, Marcos Gómez, el médico también debería hacer de mediador y con la ayuda de un psicólogo “romper la conspiración del silencio” para “que todo el mundo sepa lo que hay”.