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Cádiz

Marea Blanca llevará a Fiscalía las listas de espera de Cádiz

El colectivo considera escandalosa la demora éticamente y que pone en riesgo la salud de los usuarios, por lo que exige respuesta de la justicia

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  • Protesta de Marea Blanca Gaditana por recortes sanitarios en Cádiz. -

Las Mareas Blancas de Cádiz presentarán el próximo jueves, a las 11.00 horas, una denuncia ante la Fiscalía Provincial por “considerar que las esperas sanitarias prolongadas ponen en peligro las vidas de los y las andaluzas”.

El portavoz del colectivo, Antonio Vergara, ha explicado en conversación telefónica con VIVA CÁDIZ que la demora en la atención a los usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para ser sometidos a pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas, “es un escándalo desde el punto de vista ético”, pero también desde un enfoque sanitario porque, remarca, el retraso en las consultas o en las intervenciones “puede tener consecuencias graves, irreversibles, e incluso fatales” en el caso de que las patologías sean graves.

“No hace falta hacer hincapié en ello”, agrega, señalando que “todo el mundo sabe que un cáncer y un año de espera para ser atendido pueden incluso suponer la muerte”.

Ahora las Mareas Blancas de Cádiz quieren que la Fiscalía Provincial dictamine si todo ello infringe, además, la ley y se depuren responsabilidades judiciales.

“Las listas de espera están sujetas a decretos leyes de garantía que establecen un tiempo máximo para pruebas diagnósticas (entre 30, para la realización de un procedimiento diagnóstico, y 60 días, para la realización de las primeras consultas de especializada, derivadas de atención primaria) y operaciones (entre 90 y 180 días, según la intervención)”, recuerda Vergara. Casi 10.000 gaditanos sufren una demora de más un año para pasar por quirófano y otros 132.000 están pendientes de cita con especialista. Todos ellos, por tanto, “se encuentran fuera de ley”, advierte, al tiempo que denuncia triquiñuelas del SAS, que deriva a la sanidad privada justo cuando se cumple el plazo y, si el usuario se niega, se pone el contador a cero.

Esto, ha remarcado, se debe a “recortes presupuestarios y de plantillas” por parte del Gobierno de Juanma Moreno.

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