El Ayuntamiento de Lleida puede desde ayer multar a las prostitutas que ejerzan esta actividad en la vía pública y a aquellas personas que contraten sus servicios, gracias a la entrada en vigor de la normativa municipal que fue aprobada en pleno hace un mes. 

El nuevo régimen sancionador prevé multas de entre 300 y 3.000 euros tanto a las prostitutas como a los clientes.
La ordenanza de civismo estipula dos fases de actuación de los agentes de seguridad. En primera instancia, los agentes pedirán a las prostitutas que desistan de ejercer la actividad. 

En una segunda fase, y en el supuesto de que éstas rehúsen a ello, o si el servicio se consuma, el agente interpondrá una denuncia que podrá derivar en una sanción.